SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- Un nutrido grupo de ocupantes de las 120 Viviendas se instaló en el Concejo municipal para forzar una "solución política" al desalojo compulsivo que pende sobre la toma y reiteró que resistirá "hasta las últimas consecuencias".
"Pase lo que pase, las casas van a quedar manchadas de sangre", advirtió Marcelo Miranda, uno de los ocupantes que ofició de vocero ante los ediles y el intendente Marcelo Cascón, quienes debieron interrumpir la reunión de comisión legislativa para atender el reclamo.
Los manifestantes, acompañados por sus hijos de corta edad, amenazaron con tomar la sede del Deliberante para exigir la presencia del gobernador Miguel Saiz, pero pasadas las 15 depusieron su actitud, en espera de las gestiones comprometidas por Cascón.
Ante el requerimiento de los "usurpadores", según definición de la justicia, el presidente del cuerpo Darío Barriga reiteró que "ni el Concejo municipal ni el actual intendente ni el gobernador vamos a poder solucionar este grave problema en lo inmediato porque no somos "Mandraque" y pasó la inquietud al intendente.
Por su parte el concejal Alfredo Martín ofreció pagar los pasajes a una delegación de la toma para que viajen a Viedma a entrevistarse con el gobernador, propuesta que no fue bien recibida por los manifestantes, que exigían gestión a concejales e intendente. "Los pasajes los pagamos nosotros, si hay que viajar, viajamos, pero queremos tener la certeza que el gobernador nos va a estar esperando", explicó Miranda.
"Manejo político"
Los usurpadores, que tenían bombos y redoblantes que hicieron sonar en las dependencias municipales, justificaron su ofuscado reclamo en el "manejo político" de las escasas viviendas que atribuyen a la provincia y volvieron a denunciar las supuestas irregularidades cometidas por el IPPV. De las acusaciones presentadas en la fiscalía recordaron el otorgamiento a funcionarios y "amigos", la entrega de barrios sin final de obra y la construcción en "lugares inapropiados", entre otros.
El secretario de Seguridad, Marcial Peralta, afirmó que desde el gobierno provincial
elaborarán una estrategia "para evitar la confrontación" con los usurpadores de las 120 viviendas del IPPV, para lo cual iniciarán un período de "diálogo a fin de evitar el desalojo".
El funcionario mantuvo una reunión con el juez que instruye en la causa por usurpación, Ricardo Calcagno, ante quien ofreció una "vocación de agotar todas las instancias de llegar a un acuerdo con la gente".
"Vinimos a tomar una participación que nos compete, a colaborar en este aspecto, a tratar de elaborar una estrategia que evite la confrontación y que lleguemos a un buen puerto evitando el enfrentamiento por una situación que es compleja", afirmó Peralta, quien llegó acompañado por subsecretario de Política Criminal, Santiago Ibarrolaza y al jefe de la Unidad Regional III, Jorge Villanova.
Sin mayores precisiones sobre la posible alternativa para solucionar el conflicto que lleva más de un mes y que continúan los plazos procesales a nivel judicial para ordenar el desalojo, Peralta remarcó la necesidad de no llegar a un enfrentamiento con los ocupantes.
Ayer vencieron los plazos procesales para el desalojo de las viviendas que aún permanecen ocupadas.
La situación es compleja porque todos quieren evitar un desalojo compulsivo, pero al mismo tiempo pretenden que las casas no sean entregadas a partir de la ocupación, porque esto sentaría un antecedente serio y podría derivar en nuevas tomas.
Lo concreto es que hasta anoche no se había concretado el desalojo del único barrio construido por el IPPV en la ciudad.
