MADRID (Télam/AFP).- El Parlamento Europeo aprobó ayer la controvertida ley que armoniza los procedimientos de los veintisiete Estados miembros para la expulsión de inmigrantes "sin papeles", quienes podrán permanecer detenidos hasta 18 meses sin orden judicial y tendrán prohibido por 5 años el retorno.
La norma podría afectar a unos 8 millones de indocumentados en 27 naciones del bloque, la mayoría de ellos africanos y latinaomericanos.
La llamada "Directiva de retorno" fue aprobada por la Eurocámara -sin que el texto acordado previamente por el Consejo de Ministros sufriera modificaciones-, por 369 votos a favor, 197 en contra y 106 abstenciones . El grupo "popular" -conservadores- y liberales, respaldó la normativa, los verdes y la izquierda rechazaron el texto, mientras los socialistas votaron divididos. Ahora, los Estados miembros tendrán dos años para armonizar sus legislaciones para cumplir con la norma.
La directiva de la UE introduce un límite de seis meses a la privación de libertad a los inmigrantes que serán expulsados, plazo que se podrá ampliar a 18 meses si el extranjero no coopera con su repatriación . La normativa prevé que los inmigrantes puedan ser repatriados a terceros países que no fueran los suyos en ca . También los niños podrán ser repatriados, aunque en su país de origen no tengan familiares o tutor.
"El acuerdo pone fin a algo difícilmente comprensible como es que en la Unión Europea haya lugares donde los inmigrantes pueden ser retenidos indefinidamente", destacó el eurodiputado español del Partido Popular Europeo (PPE), Agustín Díaz .
Pero más de cien ONG del continente europeo, entre ellas Amnistía Internacional y SOS Racismo, rechazaron la ley a la que consideran un "retroceso" para los derechos humanos, una medida xenófoba y "un recorte de libertades para los inmigrantes", que no cometieron ningún delito sino una falta administrativa.
Esta ley se enmarca en un proceso de endurecimiento de la política migratoria de la UE que debería acentuarse con la presidencia francesa del bloque, con un "pacto europeo" impulsado por París, que incluye el aprendizaje obligatorio de la lengua nacional para quienes lleguen a Europa y el fin de las regularizaciones masivas. Esto va acompañado del cambio de la opinión pública contra ese sector, al que algunos culpan de la delincuencia y el terrorismo.
