SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- Los ocupantes de las 120 Viviendas exigieron al gobierno municipal que arbitre una "solución política" al inminente desalojo compulsivo ordenado por la Justicia, pero volvieron a la toma con las manos vacías y la firme decisión de resistir "hasta las últimas consecuencias".

La movilización de ayer, que se hizo sentir a golpe de redoblantes y cornetas, tuvo su primera parada en el Concejo Municipal, donde los manifestantes alzaron sus quejas sin obtener mayores respuestas y fueron derivados al Ejecutivo.

El presidente del cuerpo, Dario Barriga, se excusó de aportar soluciones porque "tenemos que preguntarle al intendente cuál es la política habitacional para Bariloche" al tiempo que aclaró que "el problema de las viviendas no se va a arreglar de hoy para mañana".

La segunda parada fue en la sala de Prensa municipal. En una breve audiencia improvisada, el intendente Marcelo Cascón le aseguró a los delegados de la toma que "el gobernador (Miguel Saiz) se va a poner en contacto y va a haber una solución". Les pidió confianza, pero en ningún momento brindó precisiones de la eventual "solución" que aportaría el mandatario provincial.

Extraoficialmente circuló la versión de que el juez Ricardo Calcagno habría mantenido un contacto telefónico con Saiz para pedirle que defina la posición del Ejecutivo frente al desalojo compulsivo o aporte una solución para sortear los plazos procesales que caducan hoy.

El itinerario incluyó una parada en la Cooperativa de Electricidad Bariloche para reclamar el suministro de energía eléctrica al complejo habitacional.

En la toma quedan unas 60 familias que enfrentan condiciones de vida adversas pese a ocupar una vivienda flamante, ya que carecen de luz, gas y medios de calefacción.

"Estamos viviendo mal, atrincherados, no estamos de vacaciones", sostuvo el vocero de los ocupantes, Sergio Delfino, quien no obstante aclaró que "vamos a resistir hasta lo último".

Los ocupantes advirtieron que "eso (la toma) es un polvorín" porque "integrantes de otras tomas van a venir a resistir con nosotros, vamos a ser 200 ó 300 para enfrentar a la policía y si hay palos va a correr sangre".

Los manifestante evaluaron que la mediación realizada por el fiscal Guillermo Lista quedó trunca porque el IPPV y la constructora Alusa S.A. no se presentaron a negociar. Con ese fundamento reclamaron una solución política urgente.

En la tensa espera que planteó el fracaso de la mediación, Delfino envió una carta pública al gobernador, pidiéndole que intervenga para evitar "desgracias mayores".