La Argentina ha atravesado épocas de crisis económica mucho peores que ésta.
Hoy, más allá del caos de producción y transporte originado por la resistencia activa a las retenciones móviles al agro, la actividad económica en el país y en la región mantiene un nivel aceptable.
Pero las tomas de tierras y de viviendas se multiplican en Río Negro y los reclamos ponen en aprietos a intendentes de todos los signos políticos en Viedma, Roca, Bariloche, Cipolletti, Allen, Regina y Valle Medio.
¿Cómo explicar una necesidad habitacional tan acuciante en épocas de relativa bonanza en empleo y nivel salarial?
Cualquier diagnóstico debe incluir la evidente ineficacia -o la inexistencia lisa y llana- de políticas públicas de promoción social y planificación habitacional. Y esto involucra al Estado en sus diversos niveles: nacional, provincial y municipales.
El crecimiento vegetativo de la población no puede sorprender a nadie. No se trata de un imprevisto. Pero desde hace al menos una década, las familias de bajos o medios ingresos no encuentran canales institucionales para satisfacer su necesidad de vivienda.
Para muchos, alquilar es imposible. Para otros, pagar uno es gastar lo poco que podrían dedicar a construir un hogar, si tuvieran dónde hacerlo.
En general, son parejas jóvenes con hijos pequeños, en las que al menos un miembro de la familia trabaja. O personas mayores que, al haber quedado sin trabajo, perdieron la posibilidad de pagar una renta.
Niños y mayores, los más vulnerables, incorporan así a la problemática de vivienda una serie de complejidades conexas: atención de la salud, infraestructura de servicios sanitarios, calefacción, educación, alimentos, empleo, salarios, violencia...
En ese marco, las tomas no sorprenden a nadie. Y la respuesta no puede ser la represión ni la inactividad.
Siempre la solución a problemas complejos debe ser integral y multidisciplinaria. Todos tenemos parte en la construcción de la sociedad tal cual es. Algunos votamos, otros son votados, unos deciden, otros miran para otro lado y dejan hacer.
Culpar al municipio o a la provincia de la muerte de bebés pobres en una toma puede resultar inconducente. Pero indudablemente el Estado está en deuda en este tema. Y no porque no destine recursos a atender la pobreza, sino porque gasta mucho y mal, privilegiando la mayoría de las veces aspectos de política electoral.
Cierta mezquindad se advierte en el oportunismo de comunicados o declaraciones públicas circunstanciales y vacuas.
Y la designación al frente de organismos específicos de dirigentes políticos sin formación ni vocación por la promoción social, tampoco ayuda. Nadie pensaría en obviar a un profesional en Obras Públicas o Salud. ¿Por qué hacerlo en el tan sensible ámbito de la atención al sector más vulnerable de la sociedad?
No casualmente, el sector de Salud y de Promoción Social en Río Negro protagonizan desde hace meses un reclamo salarial que no ha merecido ninguna negociación seria de parte de autoridades.
Tampoco parece casual que los municipios reciban las principales quejas y reclamos, porque tienen una relación directa con las personas necesitadas.
Pero la responsabilidad se reparte -y se diluye- porque es la provincia la que controla gran parte de los programas sociales y la Nación es, cada vez más, el árbitro y dueño de la mayor parte del Presupuesto.
En Río Negro, la crisis habitacional ha sido anunciada hasta el cansancio.
Durante décadas, el IPPV fue Caja e instrumento al servicio de las necesidades del radicalismo gobernante. En épocas de vacas gordas se asignaron casas muy económicas, dando preferencia a amigos que, por serlo, jamás pagaron siquiera una cuota baja. Nadie se los exigió. Quienes cumplían, en muchos casos, dejaron de hacerlo por dificultades reales o por sentirse moralmente liberados de una obligación que pocos de sus vecinos respetaban.
Como resultado, el nivel de recupero de los planes Fonavi y otros provinciales se redujo hasta llegar al índice más bajo entre las provincias del país. Actualmente, ese organismo es virtualmente decorativo, porque no tiene recursos propios ni partidas en el Presupuesto para generar soluciones habitacionales.
Y nadie puede pensar hoy en recrear épocas que se fueron. Se acabó el tiempo de la vivienda terminada "llave en mano" para quien no tiene recursos para solventar su pago, aun en cómodas cuotas.
Por eso, el tema de la propiedad de la tierra resulta crucial tanto en el plano urbano como en el rural. En las ciudades, asociado con alternativas constructivas de bajo costo. En el campo, con programas de asistencia social y a la producción.
La discriminación a compradores extranjeros no representa una solución al problema. La cuestión es qué hacen los argentinos con la tierra. Los que la poseen y aquellos que tienen cargos públicos que deben decidir sobre ellas.
Hay tanto escrito sobre el tema, que cuesta comprender la inacción.
Tiempo atrás, un economista de la Universidad Torcuato Di Tella publicó un caso ilustrativo: citó que, en 1981, diputados bonaerenses aprobaron indemnizar a los propietarios de tierras ocupadas por unas 1.800 familias de San Francisco Solano y transferirlas a los ocupantes. Algunos de los dueños aceptaron la indemnización y, en esos casos, los ocupantes recibieron su escritura. Otros propietarios resistieron judicialmente, dando lugar a largos litigios que impidieron titularizar los terrenos ocupados. Años después, las diferencias en la calidad de vida de uno y otro grupos fueron notorias: quienes tuvieron su título de propiedad encontraron un incentivo para mejorar sus viviendas y lograron dar mejor salud y educación a sus hijos. En cambio quienes mantuvieron la condición de ocupantes precarios tuvieron menor evolución económica y social y dieron menor calidad de vida para sus hijos.
Ideas hay. El legislador Gatti, de Encuentro-Frente Grande, acaba de presentar un proyecto para crear un programa de asistencia financiera para familias en emergencia habitacional. El secretario de ese bloque, Omar Reggiani, tiene larga experiencia en favor de la vivienda social. La propuesta: crear un Consejo Provincial de la Vivienda de naturaleza mixta, con representación del IPPV, Ministerio de Familia, organizaciones no gubernamentales y cooperativas, el Consejo del Discapacitado y la UOCRA. Un padrón único de necesidades habitacionales, coordinación con municipios, un banco de tierras y convenios con las entidades que han desarrollado viviendas económicas con materiales no convencionales o por esfuerzo propio, son las normas fundamentales.
En síntesis, un menor desempleo y una recaudación en alza no fueron aprovechados por el gobierno de Miguel Saiz para mejorar las condiciones de vida de los sectores más vulnerables, sino para incrementar en forma indiscriminada el gasto público. Esas contrataciones políticas precarias aumentan la dependencia familiar respecto del puntero o funcionario político.
Y eso es exactamente lo contrario de la verdadera promoción social, que busca incentivar la formación laboral, las buenas prácticas en materia de salud y alimentación y la autonomía de criterios.
Sólo así los pobres dejarán de ser tratados como ciudadanos de segunda por la dirigencia política y podrán pararse sobre sus propios pies para actuar no sólo en defensa de sus familias, sino como ciudadanos libres a la hora de votar.
ALICIA MILLER
amiller@rionegro.com.ar
