Fomentar los motivos por los cuales hace un trimestre que en la Argentina se profundiza la división entre buenos y malos (según de qué lado se esté parado), ya es redundante.

Después de tanto tiempo de conflicto y discursos, comienzan a verificarse algunas inconsistencias en ambos bandos. Quizás la diferencia está en que mientras en el sector agropecuario se puede verificar cierto cansancio por parte de dirigentes acostumbrados más a trabajar que a hablar, en el gobierno sus "errores" son de tipo ideológico. Puro dogmatismo.

Así como a nadie se le puede obligar a declarar en contra de sí mismo, nadie puede culpar al campo de haber aprovechado las circunstancial situación planteada por factores exógenos (mercado internacional) y endógenos (regulaciones nacionales).

Es así que en medio de un violentísimo movimiento ascendente en el precio de los commodities, como consecuencia del aumento de la demanda global, Duhalde y luego los Kirchner optaron por un modelo de tipo de cambio competitivo (dólar caro) y congelamiento de tarifas energéticas.

De más está decir que en un cuadro inflacionario esto potenció el beneficio del sector (y de todos quienes exportan), al punto que la incidencia del costo del gasoil necesario para cosechar y la mano de obra respecto de los ingresos totales se han vuelto insignificantes.

Pero no así los costos que remuneran la tierra y los insumos (semillas transgénicas, fertilizantes, herbicidas, etc.). Estos últimos, en su mayoría importados, valen no sólo en dólares, sino que en esta misma denominación han aumentado fuertemente.

Quizás sea interesante marcar en este punto que las mal llamadas "ganancias extraordinarias" no son tales. Sin importar si uno lee la mitad ortodoxa de la biblioteca o la heterodoxa, la definición de tales tipos de ganancias es la que se realiza con motivo de una operación no relacionada con el negocio habitual.

Digamos que será una "ganancia extraordinaria" aquella que resulte de la venta de terrenos en El Calafate, cuando la pareja presidencial decida vender, a precio de mercado, lo que compró durante el 2007 a tan sólo $7,50 la hectárea (pesos siete con cincuenta). Seguramente, allí no se les aplicarán retenciones.

La ecuación actual del campo es tan extraordinaria ahora como lo fue en los noventa. Sólo cambia el signo del resultado. Y de más está decir que en aquella época el fisco nunca dejó de recaudar.

El gobierno y las retenciones

Por otro lado, el gobierno discute las retenciones no sólo por el efecto económico de éstas en las cuentas fiscales, sino con uno mucho más estratégico. Y de alguna manera el discurso de la presidenta del lunes 9 de junio lo dejó entrever.

La concepción de que se puede definir un impuesto y sólo cuando la presión social se hace insostenible buscarle una aplicación a esos fondos, demuestra no sólo la endeblez del mecanismo sino que coloca en evidencia dos aspectos que no hay que perder de vista.

Por un lado, la carga fiscal es ya lo suficientemente alta como para que el Estado tenga los recursos necesarios para poder hacer todo aquello que prometió la presidenta hacer con los "excedentes" y todo aquello que no prometió y tampoco hace.

Esto habla bastante a las claras del nivel de administración de los fondos públicos. Sin hacer hincapié en los sucesivos anuncios de aumentos "extraordinarios" de la recaudación. En realidad no los menciono, ya que resulta evidente que dichos niveles de recaudación tienen más que ver con el imparable avance de la inflación que con la efectividad recaudatoria. Ahora que queda por justificar los no menos extraordinarios avances en el nivel del gasto, especialmente en el caso de los no transparentes subsidios, manejados discrecionalmente por funcionarios de segunda línea.

Pero es el otro punto el que más debería llamar la atención del argentino promedio, y él no tanto.

La presidenta decidió que las retenciones no son impuestos sino herramientas de políticas públicas. De esta forma no sólo no requieren de autorización del Congreso de la Nación para su implementación y/o modificación, sino que no se las debe computar como carga fiscal.

Esto que parece un tecnicismo no es menor. En definitiva, si se pretende apropiar de la renta del sector privado, hoy lo podrá hacer vía las retenciones al campo. Ya lo hace con las retenciones a los combustibles y también con la imposibilidad de poder ajustar por inflación los balances, generando un nivel de contribución fiscal exagerado y distorsionado.

Pero también lo podrá hacer en el futuro con otras "herramientas de políticas públicas", sobre industrias y servicios. Finalmente, la renta privada será propiedad del Estado, no así los riesgos necesarios para su creación.

Cambio del paradigma

Creer que el gobierno nacional está dando manotazos o que resulta sólo reactivo a los conflictos sectoriales, es en este punto un tanto ingenuo.

Veamos cómo se votó ante la FAO y quizás podamos empezar a entender otro escenario político. La Argentina votó en contra de la resolución final avalada por 186 países. Los únicos que fueron de la partida argentina, Cuba y Venezuela.

Habrá quienes simplifiquen dando a entender que la dependencia financiera hacia Caracas es condicionante. En ese caso, ni Nicaragua, Bolivia ni Ecuador lo entendieron así.

Los Kirchner, en especial Néstor, quienes en los '70 y '80 fueron capitalistas, en los '90 menemistas y a comienzos de siglo mutaron a duhaldistas, necesitaban diferenciarse de éstos para construir un polo de poder que les perteneciera.

Para esto no sólo se rodearon de funcionarios que venían de aquellas tribus, sino que sumaron a quienes les podían aportar cierto brillo desde la ideología: la izquierda montonera.

A cambio les entregaron el manejo de los derechos humanos y de la Justicia para castigar a quienes fueron sus enemigos 30 años atrás.

Lo que hasta aquí podría haber sido una forma de construcción política, terminó siendo un dogma que el propio NK terminó "comprando". De allí, que más allá de la discusión entre la izquierda peronista y la no peronista, la construcción de la transversalidad desde fuera del peronismo no ha sido posible por la falta de masa crítica y ahora se intentará hacer lo mismo, pero desde el propio Partido Justicialista.

El gran punto que todos los argentinos debemos comenzar a pensar ya no es si el nivel de las retenciones resulta correcto o si la aplicación de dichos fondos tiene un sentido social o no.

Las retenciones como apropiación de la renta hoy de un sector, pero indudablemente con un objetivo de generalización, marcan una tendencia hacia un modelo autocrático. Y no digo un modelo comunista, porque la izquierda oficialista también dejará en algún momento de ser útil y se la descartará.

Éste es un proceso en el que primero se eliminó la oportunidad de no alinearse a los gobiernos provinciales a través de la discrecionalidad de las transferencias. Luego se los condicionó a que desde el poder central se armaban las listas para el Congreso de la Nación, y así fue convertido en un destino para incondicionales.

Desde aquí se amañó a la Justicia, cambiando la composición de la Corte Suprema (y no estoy defendiendo a los antiguos ministros, sino el procedimiento aplicado) y utilizando al Consejo de la Magistratura para poner jueces propios y sacar ajenos.

Durante todo este proceso se manipularon los presupuestos nacionales y se dio discrecionalidad en el manejo de fondos a funcionarios de segundo nivel. Se armaron cajas políticas de dimensiones colosales, a través de fideicomisos, sin que exista control alguno y desde allí se otorgan subsidios sin más criterio que el del ex presidente.

Se han nacionalizado directorios de más de cuarenta empresas a través del apriete de sindicatos, piqueteros y ministros y luego financiaciones a amigos del poder, que carecen en gran mayoría no sólo de los conocimientos mínimos para explotar a las mismas, sino que muchas veces sin la posibilidad de ofrecer garantías colaterales suficientes para dichas financiaciones.

Hoy se desconoce a ciencia cierta el nivel de las reservas reales del BCRA. No hay estadísticas públicas. No son públicas variables de coyuntura críticas, tales como los niveles de consumo diario de energía y el de la inflación. El gasto público es totalmente discrecional. La Justicia, sólo para algunos. El Poder Legislativo es una beca para amigos que se jacta de poder justificar porque el oficialismo debe votar todo lo que le mandan desde el Ejecutivo nacional (¡podríamos cerrarlo y ahorrar unos pesos!).

La institucionalidad está quebrada.

Y muchos empresarios todavía creen que no irán nunca por ellos y siguen haciendo negocios con sus verdugos de mañana. Deberían leer a Bertrand Russell.

Nada de todo esto puede ser considerado como hechos aislados. El plan está en marcha. Algunos se empiezan a quejar. El resto quizás no tenga la oportunidad.

GUSTAVO A. KÜPFER (*)

Especial para "Río Negro"

(*) Economista e investigador asociado de la Fundación Atlas