BUENOS AIRES (DyN).- El gobierno finalmente decidió aceptar la renuncia que había presentado hace tres meses el juez de la Cámara Nacional de Casación Penal Alfredo Bisordi, en medio de un proceso de juicio político que se inició tras una dura polémica con el ex presidente Néstor Kirchner por las causas de derechos humanos.
En el escueto decreto 920, que se publica ayer en el Boletín Oficial, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ministro de Justicia, Aníbal Fernández, resolvieron aceptar la renuncia de Bisordi, desde el 1 de abril, tal como lo había solicitado el ahora ex juez para acogerse a su jubilación. "Es necesario proceder a su aceptación", dice el Boletín, al citar las atribuciones que establece el artículo 99 de la Constitución nacional.
La aceptación de la renuncia de Bisordi causó sorpresa entre quienes recordaron la postura enfática que tuvo el oficialismo en contra del camarista, quien advirtió públicamente cuando pidieron su renuncia: "No voy a ceder a ningún apriete, el día que decida suicidarme, lo voy a decidir yo, no a sugerencia de terceros". "No me voy a ir, el bien a la Patria se lo hago al hacer explícito que hay gente que tiene dignidad y valores y los hace prevalecer", afirmaba Bisordi el año pasado a modo de resistencia a las arremetidas del Ejecutivo.
El juez vaticinaba el año pasado que su destitución era "inevitable" y el Consejo de la Magistratura avanzó en su contra mientras desde el gobierno se aceptaba la renuncia de los otros camaristas de Casación que habían sido cuestionados por las supuestas demoras en los juicios contra represores.
Sin embargo, Bisordi primero debió alejarse de la presidencia del máximo tribunal penal y en marzo pasado presentó su dimisión con vistas a jubilarse a partir del 1 de abril, al cumplir 60 años; ahora, tres meses después, el gobierno aceptó su retiro. Eso le permitirá cobrar su jubilación, algo que no hubiera podido hacer de haber sido destituido. La salida de Bisordi de la Justicia es el colofón de un duro cruce verbal con Kirchner que se inició el 23 de marzo del año pasado, cuando en su discurso en el acto por el 31º aniversario del último golpe militar el entonces mandatario exigió a la Justicia celeridad en los procesos a represores acusados por violaciones a los derechos humanos. "¿Qué pasa en la Cámara de Casación, donde están parados por años juicios que deberían estar en marcha?", se había preguntado Kirchner sin dar nombres durante el acto desarrollado en el centro clandestino de La Perla, en la provincia de Córdoba. Dos días más tarde, Bisordi le respondió a Kirchner, a quien acusó de pretender "la suma del poder público".
