NEUQUÉN (AN).- Los gremios con representación en los hospitales públicos, UPCN y ATE, están dispuestos a aceptar la suba que ofreció el Ejecutivo anteayer, pero cuando vuelvan a reunirse con el ministro de Gobierno Jorge Tobares, plantearán algunas modificaciones en cómo se repartirá el incremento.

La buena noticia para los usuarios del sistema público es que, al menos hasta la semana que viene, no habrá medidas de fuerza. En principio el martes, las dos entidades llevarán su postura definitiva a Tobares. El gobierno ofreció un alza del 23%, que incluiría un aumento del 16% en el valor punto de los sueldos. Pagaría dos cuotas con una variación del 8%: junio y julio, y en agosto abonaría un 3% adicional a profesionales, 4% a técnicos, 5% a auxiliares y 6% a operativos.

Se totalizaría, junto a otros reclamos dentro de esta negociación atinentes a la situación laboral de un grupo de trabajadores, 38 millones de pesos para lo que resta de 2008.

Ayer por la mañana, la asamblea de ATE en Hospital Eduardo Castro Rendón aceptó la propuesta, si bien el delegado Baltasar Álvarez anticipó que se harán algunos "señalamientos" al gobierno, cuando se retome la negociación.

Más allá de la aceptación puntual del hospital capitalino, resta la postura definitiva de esta organización, que surgirá mañana, cuando el resto de las instituciones dé su posición en el plenario provincial, a desarrollarse en esta ciudad.

UPCN, que antes de recibir la propuesta hizo un paro durante buena parte del martes, expresó una postura similar. Su negociador, Edgardo Oñate, dijo que mañana decidirán su posición formal, si bien consideró que podría ser una oferta aceptable.

Sobre todo si la provincia accede a modificar los porcentajes del reparto de los fondos que propuso Tobares. Álvarez afirmó que ya hay acuerdo sobre el acceso a la dedicación exclusiva reclamada por 84 profesionales no médicos que habían sido exceptuados mediante una resolución, además de que se normalizará el escalafón a unos 400 agentes que quedaron mal encuadrados luego de la aprobación de la nueva ley que determinó las nuevas categorías del sistema público, el año pasado.