En la nueva sociedad mediática son cada vez más habituales los comportamientos miméticos. Los medios de difusión reflejan cualquier forma de protesta innovadora y el fenómeno se populariza y extiende luego a otros colectivos. En la Argentina, una forma de protesta como el corte de caminos fue utilizada inicialmente por desempleados y pasó luego a formar parte del bagaje de ambientalistas y agricultores encrespados. El fenómeno llegó también a España, al ser utilizado por transportistas que reclamaban contra la subida de los precios del gasoil.

En la Argentina, la práctica de los cortes de ruta y los bloqueos de plantas fabriles u oficinas gubernamentales han servido para canalizar demandas de lo más diversas. Aparte de los agricultores que reclaman la reducción de las retenciones a las exportaciones, el Sindicato de Choferes de Camiones, que lidera Hugo Moyano, dispuso recientemente el bloqueo de todas las plantas de Loma Negra y otras cementeras, en demanda del pago de sumas millonarias por cuotas sindicales y diferencias salariales, de los trabajadores de las empresas contratistas de transporte. En otras ocasiones el bloqueo ha obedecido al deseo de Moyano de forzar la afiliación de grupos de trabajadores a su sindicato arrebatándoselos a otros gremios.

Hasta ahora, el gobierno argentino ha intentado justificar su falta de intervención con el argumento de que "no debe criminalizarse la protesta social". En un principio inclusive alentó indirectamente el bloqueo de puentes internacionales de los ambientalistas de Gualeguaychú convencido de que esa presión contribuiría a resolver favorablemente el conflicto con Uruguay. Pero luego, frente al corte de rutas protagonizado por los hombres del campo, cambió súbitamente de opinión y la presidenta dijo en un discurso algo obvio: si cada sector económico utiliza el corte de carreteras para canalizar sus reclamos, en poco tiempo se paralizaría todo el país.

En España, el ministro de Interior, Alfredo Pérez-Rubalcaba, frente al corte de rutas protagonizado por los transportistas, no anduvo con rodeos. Manifestó, en declaraciones radiales, que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado actuarían "con contundencia y firmeza" y "dentro de la ley" para garantizar la libre circulación en las carreteras. Recordó que el paro es un derecho, pero que los huelguistas no pueden perjudicar el del resto de los ciudadanos a circular, distribuir los productos básicos de consumo y los insumos fabriles.

En apenas 24 horas se movilizaron más de 25.000 efectivos policiales que procedieron al arresto de los conductores que habían cruzado sus vehículos en la carretera y con grúas se recogieron los vehículos abandonados. Además de las detenciones, Rubalcaba ha informado que durante este dispositivo se ha impuesto un "número muy importante" de sanciones a camioneros a título personal que, en algunos casos, podrían acarrear la retirada de puntos ya que, ha recordado, estacionar al costado de la ruta en un punto peligroso está considerado como una falta grave. Luego de la contundente intervención policial las rutas quedaron despejadas y el tránsito restablecido sin que se hubieran producido víctimas.

El diferente tratamiento de los conflictos en España y Argentina no se limita sólo a la respuesta contundente frente a la violación de la ley. Mientras el ministro del Interior actuaba, la ministra de Fomento española negociaba arduamente con los transportistas sin ampararse en el pretexto de que estuvieran en huelga. Luego de varias horas de intensa reunión, daba a publicidad más de 50 medidas concertadas con los afectados y dirigidas a paliar la crítica situación del sector. Por otra parte, en el Parlamento español durante todo el día los grupos parlamentarios elaboraron propuestas y contrapropuestas en torno de una moción del Partido Popular destinada a paliar la situación del sector.

Esta combinación de dureza frente a la infracción de la ley pero al mismo tiempo extrema flexibilidad frente al reclamo para encontrar una solución política, ha permitido destrabar el conflicto en apenas 48 horas. Felizmente, nadie del gobierno español tuvo la extravagante ocurrencia de acusar de golpistas a los sufridos camioneros ibéricos.

ALEARDO F. LARÍA

(*) Abogado y periodista. Madrid

Especial para "Río Negro"