Cuando Sapag dijo que iba a recomponer las relaciones con Nación, nadie se sorprendió porque Neuquén venía de un gobierno -el de Sobisch- que había cometido la temeridad de enfrentar gratuitamente a la administración federal -con todos los perjuicios que esa conducta comportaba para la provincia- en beneficio exclusivo de su incierta carrera política. Pero sin duda nadie imaginó tampoco que el actual gobernador iría tan lejos en su acercamiento como para sentarse, en medio de la tempestad desatada por el enfrentamiento con los patrones del campo, al lado del vicepresidente Julio Cobos, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y el mentor de la criatura, el ex presidente Kirchner. Todo, frente a las cámaras de los principales medios del país.

Curiosamente, esta determinación sin duda arrojada de Sapag no mereció la reacción airada de sus adversarios internos, como sí ocurrió al comienzo, cuando el gobernador admitió que se había sumado a la Concertación. Pero, independientemente de que el sobischismo está demasiado maltrecho para volver a asomar la nariz, una serie de dudas ha quedado flotando frente a lo ocurrido el lunes pasado en el hotel Panamericano de Buenos Aires: ¿hizo bien Sapag en ir tan lejos? ¿Le convienen a la provincia y a él mismo esta suerte de cohabitación? O, por el contrario, ¿se trata de un error que más tarde o más temprano terminará por pagar, de la única forma que inquieta a los políticos, con una caída de su popularidad?

En realidad el gesto de Sapag hacia el gobierno nacional no constituye nada nuevo bajo el sol. Desde su nacimiento, el MPN -y la semana que termina cumplió 47 años- ha procurado mantener buenas relaciones con todos los gobiernos de turno, a condición de obtener ventajas de cualquier tipo para la provincia. Nacido del PJ proscripto, el único partido neoperonista que subsiste nunca volvió al redil justicialista, precisamente porque hacerlo habría sido terminar con ese próspero toma y daca.

Seguramente Felipe y Elías Sapag habrían procurado evitar una mesa como la que tendió Néstor Kirchner el lunes pasado. Pero, seguramente, también habrían terminado por rendirse ante las circunstancias si no les hubiera quedado más remedio. Baste recordar, si no, el aval dado por don Elías, un defensor acérrimo de la YPF estatal, a la privatización de la petrolera durante el gobierno de Menem.

En realidad, el carácter utilitario y no ideológico del servicio prestado por Jorge Sapag al gobierno de Cristina Fernández nadie lo pone en duda. Aquello sobre lo que se interrogan oficialistas y opositores es sobre su precio. Así, un dirigente de la oposición, que no oculta sus aspiraciones de competir con Sapag, dejó planteada la duda desde una formulación mordaz: "Por un favorcito así, le tendrían que haber licitado como cinco Chihuidos, no uno".

Desde los más altos niveles del sapagismo, en cambio, hubo coincidencia sobre el hecho de que es mejor evitar ponerse en el ojo del huracán, pero también se destacó que los amigos que aparecen en circunstancias tan difíciles, aunque más no sea para aportar un vaso de agua, son los que luego hacen que se abran con más ganas las puertas de los ministerios.

Ocurre que Sapag no se encuentra en la mejor de las situaciones. Heredó una pesada carga financiera y para evitarse un clima de convulsión social giró recursos con los que no contaba todavía. Se dijo entonces que los fondos vendrían en el segundo semestre, pero como reconoce ahora un alto funcionario con realismo, "el segundo semestre ya llegó y los recursos no pueden seguir en veremos".

Para avalar el realismo de Sapag, sus hombres más cercanos eligen poner el acento en las ventajas que, aseguran, está comenzando a cosechar la provincia de su sonado romance con el kirchnerismo.

Justamente sobre la licitación de Chihuido, destacan que el próximo 18 será lanzada con bombos y platillos desde la Casa de Gobierno. Aseguran que en febrero o marzo estará terminado el proceso y que la obra se iniciará en marzo o abril.

Se entusiasman pensando en "una inversión de entre 900 y mil millones de dólares" que incluirá dos puentes, uno sobre el río Agrio y el otro sobre el Neuquén, un camino y una villa nueva para los pueblos que queden bajo el agua. La presa, dicen, tendrá 110 metros de altura y más de un kilómetro de largo, y hasta sueñan con extender la frontera agrícola gracias al nuevo lago que surgirá de la noche a la mañana en lo que hoy es una zona muy desértica.

"Será la obra de la gestión, dará trabajo directo a 2.000 personas e indirecto a otras tantas, porque tendrá un verdadero efecto multiplicador", rematan.

No es lo único que mantiene arriba el humor oficial. Según los operadores de Sapag, la negociación con las petroleras va por buen camino, porque muchas empresas, "grandes y también chicas", se han mostrado interesadas en la renegociación de los contratos.

Al oficialismo no le inquieta que la oposición plantee reservas sobre el aval legislativo. Asegura que no se trata de acuerdos nuevos sino de contratos viejos, cuyo plazo de ejecución es de 25 años revisable a los 15. "No habría nuevos convenios, sólo renovación adelantada", afirman, restando entidad a la posibilidad de frenarlos en el trámite legislativo.

Si para Sapag la jugada que lo pega al gobierno nacional es un desafío que pone a prueba su gestión, nada muy diferente le ocurre al radical K Horacio Quiroga. Esta semana la UCR neuquina le puso límites al ex intendente y actual funcionario del gobierno kirchnerista, al advertir que no adhiere a la decisión de dejar el radicalismo para afiliarse al partido de la Concertación adoptada por Cobos.

Al gobierno de Sapag tampoco le preocupa demasiado el panorama interno de su propio partido. Confía en reordenar la Junta de Gobierno bajo la tutela de un presidente afín -se trataría de un ex concejal- y pacificarlo de cara a la renovación de autoridades, que tendrá lugar el año próximo. Por lo pronto y acaso para evitar choques innecesarios, ninguno de los líderes de los dos sectores internos -ni Sobisch ni Sapag- apareció el miércoles en el acto por el aniversario del partido.

Esta semana Sapag también lanzó el nombre Marcelo Benavides, actual juez de instrucción de la capital, para ocupar la segunda vocalía vacante del TSJ. El candidato recibió el aval explícito del quiroguismo, pero según confió una fuente de la Casa Rosada no cuenta con el beneplácito del gobierno nacional -tampoco con el del gremialismo estatal, que ya anunció su intención de impugnarlo-.

Desde las alturas nacionales se impulsó primero al ex diputado radical Rodolfo Quezada pero luego, como el propio radicalismo lo vetó, se apuntó a la actual camarista Julia Buissón de Baggio.

Las aspiraciones de colocar a una mujer en el máximo estamento del Poder Judicial, que esbozó entre otros la vicegobernadora Ana Pechen, quedará para más adelante. En el sapagismo están satisfechos con el proceso de juicio político que se está llevando adelante contra el vocal Badano. Sin embargo subsiste, entre ellos y en la oposición, el interrogante sobre quién presidirá la sala juzgadora. Porque si bien la Constitución reserva ese lugar para el presidente del TSJ, su actual titular sería recusado. No obstante, en el bloque emepenista no descartan que alguno de los nuevos vocales -si prosperan las postulaciones de Labate y Benavides en el proceso que ahora se abre- terminen por ocupar ese sitial. Y apuran el trámite.

De todas formas, gobierno y oficialismo dan por hecho que respecto del TSJ podría haber 'como para hacer dulce': el año próximo otro de sus actuales miembros estará en condiciones de jubilarse.

HÉCTOR MAURIÑO

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