SAN MARTÍN DE LOS ANDES (ASM).- La intendenta Luz Sapag y los concejales de todos los bloques comprometieron esfuerzos para desarrollar un "plan integral de seguridad" en esta ciudad, en respuesta a una seguidilla de hechos policiales que generaron fuerte inquietud y que vienen incrementándose en los últimos años.
Sapag pidió a los ediles, como primer paso, que aprueben sendos proyectos de declaración. El primero, para solicitar a la Legislatura provincial que la creación del cargo de defensor de los Derechos del Niño para la Cuarta Circunscripción Judicial -ya en estudio de ese cuerpo parlamentario- tenga asiento en San Martín, y el segundo para invitar al ministro de Justicia, Trabajo y Seguridad, César Pérez, a visitar la ciudad para participar de la confección del plan de seguridad y resolver las necesidades de recursos que surjan de él.
La jefa municipal, durante una reunión que se desarrolló en la sala de sesiones del Concejo Deliberante y de la que también participaron autoridades policiales, dijo que "seguramente tenemos un plan de seguridad diseñado en los años 50, y desde entonces se han hecho parches sobre parches. Pero no podemos seguir así, tenemos que pensar en un trabajo integral, que contemple aspectos de la seguridad y de la cuestión social ligada a su vez a esa problemática, para una ciudad que ya no tiene 5.000 habitantes sino más de 30.000".
En ese sentido, quedó en evidencia la escasez de recursos policiales para afrontar las necesidades ya no sólo del casco urbano de San Martín, sino de la extensa jurisdicción rural que abarca también las únicas dos comisarías de la localidad, la 23 y la 43, que van desde el puente del Limay hasta Meliquina.
Los ediles coincidieron en apoyar fuertemente la demanda de más policías y móviles -se estima que, cuando menos, es necesario reforzar ambas unidades con 40 agentes-, en tanto se confirmó la licitación de viviendas para miembros de la fuerza de seguridad, ya que los altos costos de los alquileres constituyen un desincentivo con ese fin.
Durante el encuentro también se mencionó la conveniencia de consolidar una mirada integral de esta problemática, que a un tiempo se ocupe de las cuestiones propias de la seguridad y a la vez atienda los aspectos sociales que están en su génesis. La recurrentes disputas sobre la aplicación de la Ley 2302 de Defensa del Menor también afloraron aquí, ya que buena parte de lo autores de episodios policiales resultan ser menores a los que no se pude detener, sino que deben ser entregados de inmediato a un adulto responsable una vez demorados.
