Los ex empleados públicos que hayan sido cesanteados durante la última dictadura militar por motivos políticos antes del 10 de diciembre de 1983 podrán recibir una indemnización de cerca de 200 mil pesos, si se aprueba un proyecto que avanza en la Cámara de Diputados.

El proyecto es impulsado por la diputada kirchnerista por Mendoza, Patricia Fadel, y abarca a ex agentes y empleados del Estado, provincial y municipal, empresas públicas, universidades nacionales y asociaciones o organismos intervenidos que hayan sido cesanteados durante la última dictadura militar.

A través de la norma, que cuenta con una preferencia para ser tratada en el recinto en la próxima sesión, se crea un Registro de Cesanteados Políticos que deberá confeccionar un padrón nacional de beneficiarios.

Se trata de un reconocimiento a la pérdida de la carrera administrativa de ex empleados públicos que se desempeñaban en distintas áreas del Estado, que fueron cesanteados y no tuvieron resarcimiento de ningún tipo.

La iniciativa, que fue presentada por Fadel junto al titular de la comisión de Derechos Humanos, el kirchnerista Remo Carlotto, debe recibir aún dictamen de Presupuesto y de Justicia de la cámara baja, antes de llegar al recinto.

"El proyecto busca otorgar a las personas injustamente cesanteadas una reparación al daño causado por el Estado, quien castigó y persiguió a los agentes por su ideología, su posición política o gremial, con el agravante de que estos hechos fueron generados por imperio de la violencia de Estado", explicó Fadel.

El monto del beneficio es el mismo del que reciben los hijos de presos políticos nacidos en cautiverio y que alcanza cerca de los 200 mil pesos.

La Secretaría de Derechos Humanos, del Ministerio de Justicia de la Nación, será la que tendrá a su cargo la recepción y examen de la documentación que acredite a las personas que se presenten a solicitar el beneficio. (Télam)