BUTA RANQUIL (ACHM)- La justicia condenó a un concejal de Buta Ranquil a la pena de 2 años y 8 meses de prisión de ejecución condicional al haber sido encontrado responsable de haberse aprovechado de la "incapacidad e inexperiencia" de una mujer para hacerle "suscribir a la incapaz un poder especial con el fin de mensurar un inmueble y luego vender y transferir los inmuebles restantes de la subdivisión, causándole un perjuicio económico al privarla de la libre disponibilidad de sus bienes". La sentencia aún no está firme.

Se trata del concejal Raúl Alberto Sosa, concejal de Libres del Sur y presidente del Concejo Deliberante de la localidad de Buta Ranquil.

Sosa llegó a juicio acusado de los delitos de circunvención de incapaces y usurpación, ocurrido en Buta Ranquil, Departamento de Pehuenches, el día 30 de diciembre de 2003, en perjuicio de Flor María González.

El juicio se llevó a cabo los días 23 y 30 de mayo y el 2 de junio pasados en la sala de debates del Juzgado Correccional y la sentencia se dio a conocer el jueves.

El fiscal había solicitado la pena de 3 años de prisión de ejecución condicional, mientras que el abogado particular de Sosa había pedido la libre absolución de su pupilo respecto del delito de circunvención de incapaces en virtud de no haberse acreditado dolo de parte de éste, y del delito de usurpación a consecuencia de no haberse acreditado el modo comisivo, aclarando que a este respecto, de todos modos se ha operado la prescripción.

"Encuentro plenamente probado que Raúl Alberto Sosa, quien mantenía una relación familiar con la víctima de autos, se aprovechó de la incapacidad y de la inexperiencia de Flor María González, incapacidad que conocía por ser manifiesta y sostenida en el tiempo e inexperiencia que también conocía por ser, durante mucho tiempo, el esposo de la hija de la incapaz... de la que se separó en forma traumática en el año 2003", indica la sentencia.

Seguidamente agrega que "en esas circunstancias, el 30 de diciembre de ese año, hizo suscribir a la incapaz, un poder especial con el fin de mensurar el inmueble en cuestión y luego vender y transferir los inmuebles resultantes de la subdivisión, causándole un perjuicio económico al privarla de la libre disponibilidad de sus bienes".

La incapacidad de González, que es la persona que firmó el poder está acreditada en el expediente "de donde surge que la misma padece de demencia senil de base orgánica, que este estado es permanente e irreversible y fácilmente advertible en situaciones corrientes y que además las manifestaciones de la enfermedad comenzaron en el año 1982".

Según se desprende de la sentencia fue el propio Sosa el que le pidió a una escribana que se traslade a Buta Ranquil para "tomarle la firma a González" y una agrimensora reconoció en su declaración "que efectuó la mensura y subdivisión por encargado del imputado quien era apoderado de la señora González".

El concejal fue condenado a la pena de 2 años y 8 meses de prisión de ejecución condicional pero sólo por el delito de circunvención de incapaz.

En cuanto a la usurpación quedó acreditado que Sosa ocupa el inmueble "hace mucho más de dos años" y agrega que "siendo la prescripción en materia penal de orden público, entiendo que, la misma debe ser declarada de oficio ya que se produce por el mero transcurso del tiempo".

Además una vez firme la sentencia se tiene previsto librar un oficio al Registro de la Propiedad Inmueble a efectos de que deje sin efecto la subdivisión inscripta sobre el inmueble.