VIEDMA (AV)- Después de 13 años del inicio de la causa por los denominados "ñoquis" en la Legislatura piden el juicio de responsabilidad.
La solicitud fue formulada por el fiscal de Investigaciones Administrativas, Pablo Berraz, al Tribunal de Cuentas de Río Negro contra el ex vicegobernador de la provincia, Edgardo Gagliardi. El perjuicio causado al erario público fue estimado en una superior a los 230.000 pesos, según consignó la agencia ADN.
La denuncia por la existencia de "ñoquis" en la Legislatura fue presentada en 1995, momento en que Gagliardi era vicegobernador de Río Negro y se encontraba protegido por los fueros. Luego fue senador nacional y siguió en la misma situación de protección hasta 2006 cuando en el marco de un juicio abreviado -en el que el imputado acepta la imputación y la pena pedida por el fiscal que conlleva una disminución de los años de sanción- se llegó a una condena.
Fue así que la Cámara Penal de Viedma lo condenó a tres años de prisión en suspenso por el pago indebido de sueldos de la Legislatura a personas que no cumplían allí funciones. Además fue inhabilitado a perpetuidad para manejar fondos públicos y privados de terceros por el delito de "fraude a la administración pública".
En total fueron cinco los hechos en los que se dividió esta causa, incluyendo en ellos a distintas personas que cobraron sueldos de la Legislatura entre 1992 y 1995 sin una contraprestación vinculada a la actividad legislativa, mientras Gagliardi ejerció la presidencia de ese cuerpo.
Esas personas no cumplían funciones en la Cámara legislativa y según la investigación, los salarios en cuestión los cobraba el propio imputado a través de un poder que le habían firmado esas personas que en la jerga laboral son identificadas como "ñoquis". Cuando Gagliardi terminó su mandato como senador nacional y quedó sin fueros, la causa fue retomada, pero también tuvo sus tropiezos que extendieron los plazos.
En junio de 2004 se convocó al primer juicio abreviado en esta causa pero fue suspendido por entender el Tribunal integrado en esa oportunidad que no correspondía en este caso sino que debía ser realizado un juicio oral y público. En diciembre de 2005 el Superior Tribunal de Justicia confirmó la decisión de los camaristas María del Carmen Vivas de Vázquez, Susana Milicich de Videla y Eduardo Giménez, interpretando que el ex vicegobernador debía ser sometido a un juicio ordinario.
Finalmente el nuevo tribunal integrado por el camarista Civil Fernando Laborde Loza y los jueces en lo Correccional Juan Bernardi y Penal Pedro Funes llevó adelante el juicio abreviado que terminó en condena en setiembre de 2006.
Ahora, el juicio de responsabilidad administrativo busca que Gagliardi devuelva el dinero que percibió de un modo ilegal. ¿Pasarán otros 13 años?
