En el 2000, cuando Sobisch renovó anticipadamente la concesión de Loma de La Lata a Repsol, lo hizo de espaldas a la Legislatura y contra las protestas de la oposición que objetaba una decisión unilateral capaz de comprometer el patrimonio de los neuquinos más allá de una gestión. Pero el ex gobernador hizo oídos sordos a los reclamos y no contento con adoptar una decisión tan trascendente por sus propios fueros la completó con otro gesto monárquico: secretamente eximió a la empresa del pago de 112 millones de dólares en concepto de impuesto a los Sellos. Fue este diario el que reveló públicamente este arresto despótico, propio de un dictador caribeño surgido de la ficción literaria.

Este antecedente sobre el manejo discrecional del principal recurso patrimonial de la provincia por parte de un gobernador del MPN viene muy a cuento de lo que ocurre por estos días, en que otro mandatario del mismo partido vuelve a acometer la tarea de renegociar anticipadamente concesiones de yacimientos de petróleo y gas. Esta vez integralmente.

El debate sobre esta cuestión recién comienza y es crucial para el futuro de la provincia, porque se está hablando de la utilización anticipada de un recurso no renovable que es el único susceptible de cambiar el perfil económico de Neuquén, caracterizado por la falta de diversificación y por la presencia de un Estado rentista que oficia, gracias al petróleo, como distribuidor casi monopólico de la riqueza y el trabajo.

En definitiva, no sería la primera vez que un gobierno del MPN desperdicia una oportunidad histórica. En su primera gestión Sobisch dilapidó en gastos corrientes las regalías extraordinarias conocidas como las “joyas de la abuela”, equivalentes a un presupuesto de entonces. Y en su último paso por la calle Roca, aunque dispuso de recursos extraordinarios provenientes del aumento exponencial del crudo, no trepidó en comprometer el futuro al emitir bonos por 250 millones de dólares para obras no prioritarias.

Aunque todo sigue girando fundamentalmente en torno al petróleo y el gas, el planteo de Sapag es diferente al de su antecesor. El actual gobernador heredó una coyuntura financiera complicada y optó por privilegiar la paz social, devolviendo a los salarios estatales el poder adquisitivo restado por la inflación, para pasar a plantear luego la búsqueda de los recursos. Así, entre una batería de medidas de corto plazo, ha planteado para el largo aliento su propósito de realizar una renegociación integral de los contratos petroleros, pero aclarando de antemano que los eventuales acuerdos con las empresas serán sometidos –como debería ser siempre– a debate legislativo.

Precisamente, esta semana se ha conocido el decreto por el cual el gobierno convocó a las empresas interesadas en la prórroga anticipada –la mayoría vence entre el 2015 y el 2017– y estableció las reglas de juego para ese proceso. Para llevar adelante este propósito, el gobierno se respalda en la “ley corta” de hidrocarburos, que hace poco transfirió a las provincias el dominio sobre los recursos.

También en el curso de la semana que culmina, distintas expresiones de la oposición y algunas organizaciones de la sociedad civil han salido a fijar posición sobre el tema. Algunos dirigentes, como el diputado Canini de Une y ciertas organizaciones, como el grupo Moreno, la FUC, el Foro de ciudadanos por la Democracia y la CTA, han manifestado que se oponen a la renegociación, fundamentalmente porque, sostienen, la Constitución provincial impide la concesión de yacimientos a privados y prescribe que deberán ser empresas públicas las encargadas de explotarlos.

Otras fuerzas políticas, como Alternativa Neuquina y la Concertación, no parecen tener una postura homogénea sobre el tema, aunque se descuenta que esta última, segunda minoría en la provincia e integrante de la alianza que gobierna el país, aprobaría mayoritariamente el plan de Sapag, habiéndose convertido como lo ha hecho el gobernador en su explícito aliado.

Sapag sostiene que el debate sobre lo que indica la Constitución acerca de las concesiones se ha convertido en abstracto por cuanto ya no existe más la YPF estatal y que, en definitiva, la provincia se encuentra facultada por la “ley corta”. Por las dudas ha dejado entrever que, de hacer falta, el gobierno podría acudir a su propia empresa –Hidenesa u otra en formación– para cubrir legalmente con una tercerización la explotación y la exploración de los hidrocarburos. Además, ha subrayado que nada se hará en esta materia sin el visto bueno legislativo.

El gobierno considera que bastaría la aprobación por simple mayoría de diputados para respaldar los nuevos contratos, pero aunque las normas nada dicen al respecto, no faltan en la oposición quienes sostienen que el tema debería contar con los dos tercios de los votos. Algo que no parece exagerado teniendo en cuenta la enorme trascendencia de la cuestión.

Otro aspecto a debatir es la aplicación que tendrán en el futuro los recursos que el Estado pueda obtener con la renegociación. Uno de los principales líderes de la oposición, actual funcionario del gobierno nacional, lo planteó de la siguiente manera: “No estamos en contra de que (Sapag) traiga recursos del futuro al presente, pero señalamos la necesidad de que esos fondos, estratégicos para el desarrollo de la provincia, no sean utilizados para gastos corrientes”.

Desde la perspectiva del gobierno, una enunciación de estas características no puede sino traer inquietud, en primer lugar porque ha girado recursos con los que aún no cuenta para enjugar el crítico panorama financiero heredado y preservar la convivencia con los gremios.

Sin embargo, si el gobierno tiene realmente la determinación de transparentar este proceso, vital para el futuro de la provincia, debería tener en cuenta la recomendación. Aunque no existen hasta el momento motivos para dudar de sus buenas intenciones, las autoridades actuales pertenecen a un partido cuyos dirigentes no han trepidado en endeudar a las futuras generaciones para resolver problemas de coyuntura.

Lo que vale para el oficialismo vale también para la oposición. Cuando se trata de los recursos del Estado, los gremios y las empresas ligadas al sector público no deberían exigir al gobierno una sensatez que no practican sectorialmente. En definitiva, se está hablando de los recursos de todos y de una nueva oportunidad para la provincia que bien podría ser la última.

HÉCTOR MAURIÑO

vasco@rionegro.com.ar