SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- El éxito de la mediación judicial, planteada por la Fiscalía para resolver la toma de las 120 Viviendas de Bariloche sin recurrir al desalojo compulsivo, depende de las alternativas habitacionales que puedan aportar municipio y provincia para descomprimir la necesidad habitacional.

En la última audiencia que mantuvo el fiscal Guillermo Lista con los delegados de la toma, sus abogados, el asesor Legal del municipio y la APDH, se acordó sumar a la constructora Alusa SA y al IPPV en la búsqueda de soluciones. El lunes se realizará la reunión ampliada que seguramente no será la última.

Hasta el momento el IPPV sigue siendo el gran ausente en las negociaciones iniciadas disolver la toma del complejo habitacional que comenzó el 9 de mayo pasado, una semana antes de las elecciones municipales.

Al término del encuentro el representante legal de la APDH, Rubén Marigo, advirtió que "tiene que haber una respuesta clara sino la gente no va a aceptar retirarse de las casas", al tiempo que evaluó que "va a ser difícil que se llegue a un acuerdo el mismo lunes".

El letrado recordó que "se está judicializando un conflicto social que tiene su origen en la falta de políticas (habitacionales) claras" y anticipó la decisión de recurrir a la vía del amparo si fracasan las negociaciones y se elige la vía del desalojo.

Tanto los abogados defensores como la APDH esperan que el IPPV aporte una solución concreta a la urgencia habitacional expuesta por la toma y a los casos de necesidad extrema que se multiplican en los barrios periféricos.

"Entre los ocupantes hay situaciones de necesidad acuciantes que el municipio está dispuesto a entender pero afuera hay gente que está en las mismas condiciones o peor", sostuvo Marigo.

Entre las alternativas habitacionales posibles que se evaluaron en la reunión se mencionaron varios planes que manejan Nación y provincia en paralelo a los viviendas FONAVI que no se instrumentaron en Bariloche y podrían aportar soluciones de corto y mediano plazo.

Para atender los "casos más acuciantes" el municipio se propone realizar mejoras habitacionales en las casas de origen de los ocupantes, al tiempo que baraja la posibilidad de alquilar viviendas para la atención de las dos familias que no tienen dónde regresar.

En función del relevamiento realizado en la toma, la secretaria de Promoción Social del municipio, Norma Gómez, explicó a "Río Negro" que "hay realidades sociales muy variadas entre las familias de la toma". Entre los ocupantes hay grupos familiares con ingresos de 2.000 a 4.000 pesos, hay otra franja con sueldos que oscilan entre los 1.300 y 1.500 y hay ocho familias que no tienen trabajo y subsisten con subsidios y planes.

En tanto, de los 72 ocupantes procesados sólo seis figuran en el listado de preadjudicatarios publicado por el IPPV el martes.