SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- La publicación de los listados de preadjudicatarios, que ayer movilizó a centenares de inscriptos, no alcanzó a descomprimir la toma de las 120 Viviendas de Bariloche, que tanto la justicia como el municipio intentan desocupar por la vía del acuerdo.
El fiscal Guillermo Lista pospuso el encuentro de mediación hasta mañana o viernes para completar algunas gestiones que podrían favorecer el entendimiento entre la constructora Alusa SA y los ocupantes. El titular de la empresa, Alberto Usandizaga, anticipó a la fiscalía su predisposición a negociar pero aclaró que las condiciones para alcanzar un acuerdo son la liberación total del complejo habitacional y la reparación de los daños ocasionados por la toma.
En cambio, es incierta la posición de los ocupantes que se resisten a dejar las casas sin una solución habitacional alternativa. El asesor legal del municipio, Daniel Balduini, señaló ayer a este diario que "estamos tratando de buscar un canal de diálogo" peor aclaró que "todavía no tenemos nada cerrado".
El municipio accedió al pedido de la fiscalía y comenzó a mediar en el conflicto pese a no ser parte del expediente. Desde ese lugar Balduini sostuvo que "lo central pasa por desocupar las viviendas y todos tienen la mejor predisposición".
La mediación penal acordada el viernes pasado flexibilizó los tiempos procesales de la causa en la que el juez Ricardo Calcagno procesó a 72 personas por presunta usurpación y dictó una orden de desalojo que permanece en suspenso.
La instancia de negociación destrabó el punto más álgido del conflicto, que se encaminaba a un desalojo compulsivo y traumático, pero todavía no cuenta con los medios para dar respuesta a los "casos más acuciantes" que expuso la toma. Entre las familias que iniciaron la ocupación el 9 de mayo hay casos de extrema necesidad que la justicia se comprometió a contemplar.
La publicación de los listados del IPPV trajo alivio y, a la vez, indignación a los más de 2.000 aspirantes que vivieron con angustia la demora en las adjudicaciones y la ocupación del complejo habitacional.
Cientos de inscriptos pasaron ayer por las dependencias del Centro Administrativo Provincial para consultar los listados y chequear la puntuación recibida en los expedientes del IPPV.
El interés fue tal que los ejemplares de "Río Negro" destinados a esta ciudad se agotaron a hora temprana a manos de los interesados en consultar la nómina publicada por el instituto en las páginas 18 y 19.
Durante toda la jornada el equipo técnico comandado por el responsable de Acción Social del IPPV, Gustavo Otero, se negó a brindar toda información sobre el proceso abierto, que se extenderá hasta el miércoles 11.
Los listados generaron una considerable confusión, que se fue despejando con el correr de las horas, ya que los aspirantes calificados con 100 o más puntos superaban los 220 beneficiarios. El número casi cuatro veces mayor a la cantidad de viviendas disponibles incluía a los suplentes que pueden ser considerados en el proceso de impugnaciones y adjudicación.
Por separado se publicó la nómina de preadjudicatarios y suplentes para las 12 viviendas destinadas a discapacitados, las seis unidades reservadas a bomberos voluntarios y la única casa contemplada para excombatientes en el marco de la ley nacional 23109.
