"Ni la ley de comisiones de fomento ni la de coparticipación establecen cómo hay que rendir". Así excusa González a los comisionados que reciben sistemáticamente entre 7 y 9.000 pesos por mes para mantenimientos generales en sus pueblos. Sin embargo, el decreto reglamentario 272/72 dice que el Ministerio de Gobierno establecerá el sistema contable a que deberán ajustarse las comisiones, que deberán ser consideradas a todos los efectos como organismos dependientes del gobierno provincial. Esa cartera y la Contraloría General podrían ordenar auditorías para ejercer el control económico financiero.

A diferencia de los tres millones y medio que reciben al año en sus cuentas las comisiones, los más de 100.000 pesos mensuales que se otorgan a la Dirección de Comisiones de Fomento y que administra directamente González son rendidos ante el Tribunal de Cuentas.

"Los comisionados solicitan un aporte para hacer cualquier obra en el lugar, se hace un expediente que da todo el recorrido por la administración, por Fiscalía, por Tribunal de Cuentas y cuando ellos autorizan salen los fondos, nosotros hacemos los cheques, los cobra el comisionado y se hace la obra. Tuvimos una auditoría hace dos años (que duró) tres meses con los contadores del tribunal y no hubo ninguna objeción". (P. C.)