Si bien muchos aún temen decirlo, abundan los empresarios que dan por descontado que el crecimiento macroeconómico brioso al que el país se ha habituado está por llegar a su fin y que se sienten preocupados por las dificultades que les aguarden en el futuro no muy lejano. Además de las eventuales consecuencias negativas para ellos del recrudecimiento del conflicto entre el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el campo, temen que en el invierno que se acerca habrá una mayor escasez de energía que en el año pasado. Según los analistas, fue por eso que en abril la industria se expandió un 8,5% respecto del mismo mes del año pasado, luego de que en marzo el aumento fuera de sólo un 3,1%, una desaceleración que se atribuyó al paro agropecuario: en opinión de los economistas, el alza impresionante de la producción se debió más que nada a que las empresas aprovecharon el buen tiempo para acumular stocks que les permitirían enfrentar mejor los cortes energéticos previstos. Aunque voceros gubernamentales como el ministro de Planificación, Julio De Vido, insisten en que no habrá problemas, los empresarios -conscientes de que conforme a los pronósticos meteorológicos el invierno será más frío que el del 2007- creen que una vez más se verán obligados a soportar un régimen de racionamiento que afectará negativamente la actividad.

No sólo es cuestión de la reducción progresiva de las reservas nacionales de petróleo y gas debido a la falta de inversión en el sector. También hay factores puntuales como el paro, que transcurrió durante un mes, de los trabajadores petroleros de la provincia de Santa Cruz, que costó aproximadamente 350 millones de dólares, aunque las autoridades locales afirman que gracias a "una ingeniería financiera" que armaron, las pérdidas no serán tan cuantiosas como se dice. Los sindicatos, que se habían negado a respetar la conciliación obligatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo, amenazaron con bajar la presión del gas, lo que pudo haber perjudicado a millones de usuarios, y advirieron sobre un mayor desabastecimiento de petróleo que el experimentado últimamente, puesto que Santa Cruz aporta más del 20% del crudo que se produce en el país.

De todos modos, aun cuando los crónicamente combativos petroleros santacruceños no hubieran optado por declararse una vez más en huelga, la Argentina se vería frente a un panorama energético desolador. Desgraciadamente para el país, el gobierno del entonces presidente Néstor Kirchner tomó la decisión de congelar por tiempo indefinido las tarifas energéticas justo antes de que los precios internacionales del gas y del crudo comenzaran una escalada que ya ha llevado el costo del barril de petróleo a 135 dólares, y los hay que prevén que no tardará en alcanzar los 200 dólares o incluso más. Como resultado, la brecha entre las tarifas argentinas y las del resto del mundo se han ampliado de forma notable. En América Latina en su conjunto, los consumidores pagan por promedio más de tres veces más que nosotros por la energía que necesitan, a pesar de que su ingreso per cápita medido en poder de compra sea llamativamente inferior. Aunque parecería que el gobierno kirchnerista tiene el propósito de dejar aumentar poco a poco las tarifas, no quiere que la economía se enfríe como resultado, de suerte que podrán agravarse todavía más las distorsiones provocadas por la resistencia oficial a abandonar la idea de que sea deber de las empresas energéticas subsidiar a la población porque tuvieron ganancias abultadas en los años noventa. Bien que mal, a la hora de invertir los empresarios suelen estar más interesados en sus perspectivas actuales, que en los planteos políticos y éticos ensayados por los gobernantes, razón por la que reaccionaron frente a la embestida kirchnerista reduciendo al mínimo sus inversiones, con el resultado de que tendremos que importar cantidades crecientes de gas y petróleo a los precios internacionales, ya que países amigos como Bolivia y Venezuela no se proponen privilegiarnos. Por motivos que los Kirchner entenderán muy bien, antepondrán sus propios intereses a los nuestros e insistirán, como es su derecho, en cobrar los precios fijados por el mercado.