SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB)- Los vecinos autoconvocados contra el aumento del impuesto Inmobiliario denunciaron a los funcionarios de Catastro por ocultar las encuestas que sirvieron de base a las valuaciones fiscales que "castigaron" a los contribuyentes de la cordillera.
El sábado hicieron una evaluación crítica de la respuesta brindada por el gobierno provincial a sus reclamos y anticiparon que pedirán una audiencia al intendente Marcelo Cascón y al Deliberante local para plantearles la "incidencia social del impuestazo" y exigirles la defensa de los intereses de la ciudad.
"Este aumento va a incidir en forma directa sobre alquileres, viviendas y servicios, afectando a todos los sectores de la población" sostuvieron.
La reunión técnica mantenida a mitad de semana con representantes del Ejecutivo y algunos legisladores para revisar las bases del aumento impositivo sólo logró acrecentar el malestar de la organización vecinal. Los grandes ausentes fueron el Ministerio
de Hacienda y el vicegobernador Bautista Mendioroz, quien habían comprometido gestiones para encontrar una salida airosa al problema.
Los funcionarios de segunda línea enviados como interlocutores reconocieron la validez del estudio técnico realizado por los vecinos autoconvocados y se negaron a exhibir las encuestas inmobiliarias que sirvieron de base para la evaluación porque no tenían "autorización ministerial".
"No hay transparencia ni voluntad de diálogo" advirtió el abogado Rubén Marigo, quien denunció que "se está ocultando información pública" y anticipó la decisión de recurrir a la justicia para conseguirla.
"Reconocieron que las curvas y resultados de nuestros estudios son correctos y que las respuestas a nuestros planteos pasan por una decisión política" explicó a "Río Negro" Concepción Mohana.
El estudio técnico realizado por contadores y profesionales que integran el grupo vecinal demostró que existe una sobrecarga en las valuaciones fiscales de Bariloche y la cordillera que va más allá de las valoraciones del mer
cado inmobiliario. Que Cipolletti está muy por debajo de las demás ciudades y que las valuaciones de Roca y Viedma también están por debajo del mercado.
Los mayoría de los planteos fueron compartidos por la Defensora del Pueblo, Ana Piccinini.
Por su parte el abogado y dirigente de "Todos por Bariloche", Rodolfo Rodrigo, cuestionó el rechazo del Superior Tribunal de Justicia el amparo presentado contra el "impuestazo" y calificó la resolución como "un dislate".
Rodrigo señaló que el fallo "lo hicieron con mira telescópica, tan inteligente, porque se metieron a resolver la cuestión de fondo cuando no debían, ellos tenían que resolver la competencia". Si ellos decidían 'somos competentes porque es un prohibimus', cosa que es un dislate total, nosotros teníamos la facultad de decidir disistir o no" agregó.
Los jueces Alberto Balladini y Víctor Sodero Nievas desestimaron por "improcedente" la medida cautelar, que llegó a sus manos devenida en un "prohibimus" luego de que la Cámara de Apelaciones de esta ciudad se declarara incompetente. El máximo tribunal asumió excepcionalmente la competencia para resolver la presentación.
El amparo promovido por el partido "Todos por Bariloche" -con la adhesión de más de 300 contribuyentes- pedía que se dejara sin efecto la aplicación de las cuestionadas valuaciones y que se declarara la inconstitucionalidad de la normativa que reguló la realización de las tasaciones inmobiliarias.
Rodrigo enfatizó que "el Superior Tribunal falla esto contraviniendo su propia doctrina que dice que si las vías no son eficaces el amparo procede, pero esto lo usan cuando políticamente les conviene y como en este caso no les convenía plantean ese argumento".
