Perturbado y desorientado.
Esa sensación se anida en el radicalismo rionegrino aunque en Allen coincidiera ayer en un escenario para plantear pretensiones y visiones -algunas enfrentadas- más cercanas a la ficción que a la realidad.
Tal laberinto político-partidario turba al oficialismo, siempre perspicaz en esas estrategias.
Paradójicamente, esa actitud está ausente en el Estado provincial.
Los municipios tienen más fondos, pero saben que ciertos asuntos desatendidos se transforman -cada vez más- en propios. Así, se explica que evalúen mantener los hospitales, comisarías y patrulleros. Ya están ocupados en los edificios escolares.
Los roles en el programa Comer en Familia se transformaron en el debate del encuentro del gabinete con los intendentes del PJ. La cesión de información y su manejo fue la disputa. Ese poder -siempre ligado a lo electoral- no ofrece un acuerdo sencillo y, por ahora, se resolverá en negociaciones individuales.
Igual, el gobierno mantiene un problema irresuelto entre sus anuncios y sus actos. Aquéllos tienen otros tiempos a los de éstos, y parecen enemigos irreconciliables.
El goteo diario volvió a mostrarlo. El 21 de diciembre, el gobernador Saiz anunció -según gacetilla oficial- que "el próximo miércoles" enviaría ese proyecto a la Legislatura. Su elevación se concretó y mereció otro parte, que llegó esta semana. Cinco meses después.
Ese retardo tiene mayor incidencia en las urgencias en Salud y en la obra social.
Subsiste un área aislada: el laboratorio provincial. No se trata de la solución definitiva, pero su mejor inclusión ofrecería un panorama diferente.
Buena parte de la provisión a los hospitales son medicamentos del Prozome. Muchos asisten a afiliados de obras sociales que no pagan.
El Ipross nunca diseñó un plan de provisión de medicamentos con el Prozome. Ese laboratorio se diseñó y pensó con una estrecha relación con la obra social.
Esa orientación se expresa en su misma creación -ley 2.530- que preveía recursos para el Prozome a partir de los medicamentos que el Ipross comprara a las droguerías. La norma asigna el 1 por ciento de esas operaciones: 0,5 por ciento lo aportaría la
obra social y 0,5 por ciento se retendría de las facturas de los privados.
En sus quince años, el Prozome nunca recibió esos depósitos. Un rápido cálculo indica que el aporte no realizado sumaría un millón. Nada. Pero mucho para un laboratorio público, que tiene un presupuesto anual de funcionamiento -sin personal- de 1,8 millones y que, además, en el 2007 utilizó sólo un cuarto de esa partida por la impuesta dependencia a la burocrática estructura central.
El laboratorio -cuya eficacia no se discute- subsiste así desarticulado de cualquier política sanitaria, si existiera.
El Ipross mantiene iguales contrastes. Alcides Pinazo sabe que tiene una gran ocasión para reformular la obra social. ¿Tendrá el plan integral o son esquemas sueltos? ¿Tendrá decisión y respaldo político? No hay respuestas concluyentes.
Las ideas esbozadas parecen aisladas y las acciones contradictorias. La mayor debilidad del Ipross siempre fue ceder el poder que le asigna su condición de gran financiador y contratante. Esa propiedad se la concede mayoritariamente a los prestadores y, en menor medida, a los afiliados.
Por la debilidad de sus finanzas o la impericia de funcionarios, el Ipross no unifica un criterio prestacional ni condujo el sistema. Esa esencia se mantiene inalterable.
El Colegio Médico de Viedma impuso un convenio mixto (prestacional con límites) cuando el Ipross sostiene un esquema capitado, consciente de sus restricciones para controlar. Hay otra idea embrionaria que profundizaría esa diversidad: la regionalización de la obra social.
Habrá que conocer sus metas y su implementación, pero su sola mención anticipa más dispersión en la conducción y la ejecución. Nada bueno.
Hay cosas para corregir de los prestadores. ¿Nadie puede explicar por qué Río Negro duplica el costo medio nacional de medicamentos oncológicos? ¿Y en Viedma se triplica?
La actitud de los afiliados tampoco es neutra. Lograron un instrumento judicial que refleja casos de los más absurdos.
La Justicia recibe amparos y libra órdenes prestacionales al Ipross. Esta herramienta de resolución de conflictos se generaliza en términos preocupantes. Los mandatos llegan a 15 diarios, originados hasta en pedidos de turnos de atención médica y la provisión de pañales. Algunos fallos sorprenden, como aquél de Cipolletti que ordenó al Ipross a la contratación de un médico y un centro privado para la operación de rodilla. El profesional requerido es especialista de columna.
Esta apertura se explica en la ausencia de guía o de normatización de las prestaciones reconocidas por el Ipross. Esta regulación la pide la Justicia para encuadrar esta anarquía.
El STJ también cayó en esa vorágine: dos de las cinco sentencias de la última semana de la Sala de Asuntos Originarios corresponde a acciones por prestaciones del Ipross. Meses después del amparo, ambos fallos terminan "en abstracto", pues la obra social cumplió con las demandas de los afiliados. Uno de ellos se originó por un reintegro demorado.
¿Cuánto costo, esfuerzo y distracción de la Justicia en cuestiones de otros ámbitos?
Los jueces están ocupados en atender los reclamos de los enfermos mientras se acumulan causas penales y se amontonan expedientes por conflictos familiares.
No son los únicos desviados de su existencia.
Los políticos se entretienen en razones y en proyectos internos. El oficialismo rionegrino cree en un futuro que rota entre una mayor "concertación" con los K hasta la recuperación de la UCR. Proyecciones y senderos contradictorios.
Todo cuando el gobierno necesita, más que de movilizaciones como la de Allen, de hechos que traduzcan reacciones y resultados de gestión. ¿Saiz lo detectó? Por lo pronto, el gobernador piensa en ciertos cambios. Nadie sabe, todavía, cómo la política incidirá en sus pasos.
ADRIÁN PECOLLO
pecollowa@yahoo.com.ar