BUENOS AIRES.- La decisión que tomó el gobierno de "retocar" las retenciones móviles y la intervención de la Justicia para aplacar a los ruralistas, muestran que el conflicto con el campo ingresó en una nueva etapa.
Etapa que apuntaría a criminalizar la protesta rural.
Sin embargo, el gobierno negó ayer que impulse una ofensiva en el ámbito de la Justicia contra productores agropecuarios por los cortes de rutas y otras medidas de protesta, aunque las entidades ruralistas advirtieron que hay una "judicialización del conflicto".
Al respecto, el presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), Eduardo Buzzi, calificó de "sospechosa" la decisión del fiscal federal de San Nicolás, Juan Murray, de imputar a los presidentes de las cuatro entidades agropecuarias, a dirigentes políticos, y al intendente de San Pedro, Mario Barbieri, haber cortado rutas en el piquete del 19 de marzo en San Pedro.
"Nos citan por cortar una autopista, cuando hubo situaciones similares por todo el país, durante aquellos días de marzo", puntualizó Buzzi, al tiempo que consideró que "la actitud de este fiscal es bastante sospechosa". En consecuencia, concluyó que "empieza una etapa de judicialización de la protesta agraria".
"Llevadas a los estrados judiciales cuestiones que en otras circunstancias no se hubieran llevado, uno podría sospechar de esto", indicó el titular de la FAA, quien subrayó que "quisiera que en esto la Justicia sea independiente y se mantenga así y no sea un instrumento del gobierno".
Por su parte, el ministro Aníbal Fernández advirtió que "esto no es un viva la pepa que cada uno pueda hacer lo que quiera", y sostuvo: "Cuando nos pasamos de la raya y ponemos en riesgo la vida de los otros -porque por el humo que se genera por la quema de pastizales hubo 10 muertos en esa misma zona-, se actúa en consecuencia".
De esta manera Fernández intenta simplificar, erróneamente, buscando poner todo en una "misma bolsa": el paro, la protesta, los incendios, las muertes y heridos en las
rutas, el desabastecimiento, la inflación, etc., etc.
Un mensaje engañoso, que imprime más confusión a la sociedad. En declaraciones a las radios porteñas, el ministro subrayó la necesidad de diferenciar las detenciones en San Pedro, y las declaraciones que tomó el fiscal Murray, a dirigentes agropecuarios y políticos por haber participado en un piquete el 19 de marzo en la Ruta 9. "Qué tiene que ver el gobierno si son dos acciones judiciales distintas", inquirió. Precisamente, la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, aseguró que la detención de los ruralistas de San Pedro, que luego fueron liberados, "fue sin orden judicial y digitada desde el poder central", e insistió que se entró "en la faz represiva y violenta dirigida por Néstor Kirchner". "No le creo en absoluto (a Fernández), como no se puede creer nada de este gobierno. Se trata de algunas reacciones de la Justicia absolutamente digitadas desde el poder central", precisó. (DyN/RC)
