Sábado 31 de Mayo de 2008 Edicion impresa pag. 12 > Regionales
120 viviendas: no habrá desalojo hasta la mediación
En Bariloche pretenden evitar el desalojo compulsivo. Estuvo la defensora del Pueblo y acordaron que habrá mediación penal. El IPPV prometió que la semana próxima dará el listado.

SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- La defensora del Pueblo, Ana Piccinini, acordó con el fiscal Guillermo Lista y la defensa de los ocupantes la realización de una mediación penal para resolver la toma de las 120 viviendas del IPPV sin recurrir al desalojo compulsivo.

En paralelo, el interventor del IPPV, Vicente Pili, se comprometió a publicar el listado de pre-adjudicatarios entre el lunes y el martes próximos para descomprimir el conflicto.

El funcionario le prometió a Piccinini que los técnicos del organismo se instalarán en esta ciudad el mismo día que salga la publicación, con toda la documentación de los inscriptos, para completar el proceso de impugnaciones y adjudicación definitiva de las casas en el menor plazo posible.

La defensora transmitió la intención del organismo de dar "la mayor transparencia posible a lo poco que hay para repartir", al tiempo que cuestionó en duros términos la falta de respuesta e "imaginación" de los gobiernos provincial y municipal al "severo déficit habitacional" de Bariloche.

"La solución del problema habitacional no va a pasar por los fondos Fonavi, el gobierno provincial y las intendencias van a tener que ponerse a trabajar con creatividad y priorizar este tema en las agendas públicas porque el tema es realmente acuciante. El problema de la vivienda no está en las agendas de gobierno", sostuvo Piccinini, quien advirtió que la situación de Bariloche está empezando a repetirse en el resto de las ciudades rionegrinas.

Ayer Lista confirmó a "Río Negro" que el expediente ya se encuentra a disposición de la Fiscalía, que será el responsable de llevar adelante "una suerte de mediación" entre las partes, a más tardar, el martes.

El fiscal evaluó que "el silencio del IPPV nos condujo a esto" porque "se acercaban las elecciones y la fecha de entrega y no se conocían las listas". De la negociación participarán los abogados defensores de los ocupantes, el representante legal de la constructora Alusa S.A. -denunciante- y el asesor Legal del municipio.

Lista anticipó a este diario que "si se desocupan estas viviendas se podría prescindir de la acción penal" y que, a la par del acuerdo que homologaría el juez, "se buscará una solución a los casos más acu

Use la opción de su browser para imprimir o haga clic aquí