NEUQUÉN (AN)- El Tribunal Superior de Justicia deberá resolver a qué magistrados les corresponde realizar el juicio oral contra 28 policías acusados de aplicar torturas a un grupo de detenidos en la Unidad 11. Todos los camaristas penales y civiles de la ciudad fueron recusados o se excusaron de intervenir, una situación prácticamente sin antecedentes.

Mientras tanto, muchos de los detenidos que serán testigos en el juicio denunciaron apremios ilegales en su contra.

A raíz de esto la Asociación Zainuco exigió ayer que se disponga el "traslado voluntario" de algunos de ellos a Gendarmería, y que se imponga una restricción de acercamiento de los imputados a los testigos.

El juicio, que también es inédito por la cantidad de acusados, comenzó el 19 de mayo pasado en la Cámara Segunda pero se suspendió ese mismo día porque la defensa pidió el apartamiento de los jueces, ya que en 2004 habían intervenido a favor de los presos en un recurso de hábeas corpus.

Los jueces de la Cámara Segunda se excusaron y el expediente pasó a la Cámara Primera, que también se excusó de hacerse cargo del caso porque había participado también en 2004 ejecutando el cumplimiento de aquel hábeas corpus.

De allí viajó a una sala de la Cámara Civil para que intervenga como subrogante, pero en una acordada administrativa, los jueces civiles dijeron que a ellos no les corresponden los casos penales (lo mismo señalaron respecto del caso Fuentealba).

Entonces el expediente "subió" al Tribunal Superior de Justicia, que le dio la razón a los civiles y le devolvió el expediente a la Cámara Segunda con la directiva de que agotara la lista de subrogantes dentro del fuero penal.

Tras esta vuelta al punto de partida, la Cámara Segunda le mandó el caso a la Cámara de Apelaciones. Ayer, este organismo declaró que no son atendibles los argumentos de las Cámaras Primera y Segunda para excusarse, por lo que devolvió el expediente al TSJ para que resuelva a quién le corresponde hacer el juicio.

Mientras tanto, y según Zainuco, no se está cumpliendo un hábeas corpus ordenado por la Cámara Segunda para que se brinde protección a los presos, que son víctimas y testigos en este caso. La Asociación presentó como prueba una serie de denuncias formuladas por los detenidos ante la fiscalía.