El Gobierno negó hoy que impulse una ofensiva en el ámbito de la Justicia contra productores agropecuarios por los cortes de rutas y otras medidas de protesta, aunque las entidades ruralistas advirtieron que hay una "judicialización del conflicto".

Al respecto, el presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), Eduardo Buzzi, calificó de "sospechosa" la decisión del fiscal federal de San Nicolás, Juan Murray, de imputar a los presidentes de las cuatro entidades agropecuarias, a dirigentes políticos, y al intendente de San Pedro, Mario Barbieri, haber cortado rutas en el piquete del 19 de marzo en San Pedro.

"Nos citan por cortar una autopista, cuando hubo situaciones similares por todo el país, durante aquellos días de marzo", puntualizó Buzzi a radio Mitre, al tiempo que consideró que "la actitud de este fiscal es bastante sospechosa".

En consecuencia, concluyó que "empieza una etapa de judicialización de la protesta agraria". "Llevadas a los estrados judiciales cuestiones que en otras circunstancias no se hubieran llevado, uno podría sospechar de esto", indicó el titular de la FAA, quien subrayó que "quisiera que en esto la Justicia sea independiente y se mantenga así y no sea un instrumento del Gobierno".

Por su parte, Fernández advirtió que "esto no es un viva la pepa que cada uno pueda hacer lo que quiera", y sostuvo: "Cuando nos pasamos de la raya y ponemos en riesgo la vida de los otros -porque por el humo que se genera por la quema de pastizales hubo 10 muertos en esa misma zona-, se actúa en consecuencia".

En declaraciones a las radios Mitre y 10, el ministro rechazó la acusación de los ruralistas acerca de que la Casa Rosada pretende judicializar la protesta rural, y reflexionó que "esto de echarle la culpa al Gobierno es más viejo que la duda".

El titular de la cartera de Justicia y de Seguridad subrayó la necesidad de diferenciar las detenciones de ayer en San Pedro, y las declaraciones que tomó el fiscal Murray, a dirigentes agropecuarios y políticos por haber participado en un piquete el 19 de marzo en la ruta 9.

"Qué tiene que ver el Gobierno si son dos acciones judiciales distintas", inquirió, al replicar dichos de los dirigentes ruralistas y políticos involucrados en este expediente, que acusan al Ejecutivo de pretender judicializar la protesta.

Precisamente, la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, aseguró que la detención de los ruralistas de San Pedro, que luego fueron liberados, "fue sin orden judicial y digitada desde el poder central", e insistió que se entró "en la faz represiva y violenta dirigida por (el ex presidente) Néstor Kirchner". "No le creo en absoluto (a Fernández), como no se puede creer nada de este gobierno. Se trata de algunas reacciones de la Justicia absolutamente digitadas desde el poder central. La detención de los ruralistas fue sin orden judicial y por orden del ministro de Seguridad y de Néstor Kirchner", precisó en diálogo con radio América.

En tanto, Marcelo Di Leo, abogado de cuatro de los ocho ruralistas detenidos, advirtió que el Gobierno nacional "endurecerá actitudes represivas" en el conflicto con el campo, con el objetivo de que los productores no sigan protestando.

Tras la liberación de los ruralistas, Di Leo señaló que sus clientes están procesados por los delitos de "estrago y entorpecimiento de las vías de comunicación terrestres". En un primer momento, estas personas además de estos delitos, fueron acusados de "atentado y resistencia a la autoridad", añadió el letrado, pero después se los desprocesó, consignó. "Advierto que se ha judicializado el conflicto y que obviamente la Prefectura Naval recibió orden del Ministerio del Interior. Esto es la muestra que estas actitudes represivas se van a ir endureciendo con el transcurso del tiempo si el conflicto no se resuelve", opinó Di Leo.

Fuente: DyN