En un esfuerzo por mostrarse flexible, el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner redujo el tope a las retenciones móviles, pero puesto que la medida sólo entraría en efecto si los precios de los granos subieran a niveles muy altos que nadie prevé, las organizaciones agrícolas que están en lucha desde hace casi tres meses no vacilaron en burlarse de la decisión. Se trataba, pues, de otro episodio del tipo al cual el país ya está acostumbrado. Además de querer convencer a la opinión pública de que está más que dispuesto a ser razonable, el gobierno sabe que necesita de mucho dinero para continuar repartiendo subsidios cuantiosos entre el transporte, los consumidores de energía y, por supuesto, su abigarrada clientela política, motivo por el que no le interesan concesiones significantes que lo obligarían a ajustar el modelo económico para conformar al agro. Por eso, y también porque el ex presidente Néstor Kirchner teme que cualquier síntoma de debilidad sea tomado por una señal de que se ha iniciado el desmoronamiento del poder que ha sabido acumular, todos los cambios propuestos hasta ahora han sido meramente cosméticos. En vista de que tanto los líderes agrarios como las bases "autoconvocadas" entienden que las medidas anunciadas el jueves por el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y el ministro de Economía, Carlos Fernández, no beneficiarían al campo a menos que los precios internacionales de los granos se fueran pronto a las nubes, su reacción airada no resultó sorprendente.

Para el gobierno, la batalla propagandística es prioritaria. Por motivos comprensibles, le preocupa mucho el deterioro marcado de la imagen de la presidenta debido a la postura agresiva que asumió frente al campo y su apego a la noción, un tanto absurda, de que detrás de las protestas está una conjura golpista impulsada por gente contraria a la política retroactiva de derechos humanos emprendida por su marido. Es lógico que los productores rurales, sabedores de que el gobierno está procurando enfrentarlos con el resto de la población, hayan dado por descontado que la modificación del régimen de retenciones tuvo más que ver con el deseo oficial de recuperar posiciones ante la opinión pública que con su hipotética voluntad de repensar su política hacia el campo.

Es posible, si bien no muy probable, que en marzo pasado los agricultores hubieran aceptado el esquema planteado por el gobierno como una base para una ronda de negociaciones, pero desde entonces mucho ha cambiado. Como se hizo evidente el domingo pasado, cuando hasta 300.000 personas se congregaron ante el Monumento a la Bandera en Rosario para protestar contra el gobierno, los dirigentes rurales han tomado conciencia de su poder político. Aunque no se hayan propuesto formar un movimiento político -eventualidad ésta que alarma al gobierno y que por algún motivo dice creer sería ilegítima-, saben que en adelante las autoridades tendrán que tratarlos con respeto, ya como adversarios de fuste, ya como socios que merecen al menos la misma consideración que suelen recibir sus equivalentes de la industria.

El paro rural es más que un intento por parte de un sector determinado de conseguir una proporción mayor del ingreso nacional en desmedro de los demás. En el fondo, lo que quieren los hombres del campo, sean chacareros menores o los dueños de grandes extensiones sembradas de soja, es que el gobierno abandone una ideología según la cual lo único que realmente importa es la industria tradicional y el papel del agro debería limitarse a suministrarle directa o indirectamente los recursos financieros que precisa. Alentados por el aumento de los precios internacionales de los productos que están en condiciones de exportar en cantidades cada vez mayores, y por los vaticinios de quienes suponen que gracias al desarrollo vertiginoso de países gigantescos como China y la India, el mundo ya ha ingresado en una etapa signada por precios alimentarios mucho más elevados que en años recientes, creen que ha llegado la hora para que el gobierno kirchnerista revise radicalmente la estrategia económica que heredó de Eduardo Duhalde. Así las cosas, retoques leves como el anunciado el jueves serán vistos como lo que en efecto son, un intento de ganar tiempo ofreciéndoles concesiones que en verdad no cambiarían nada.