Europa ha presumido siempre de su sensibilidad hacia los derechos humanos. Tiene un tribunal internacional ante el que cualquier persona que se considere víctima de una violación de los derechos reconocidos por el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos puede presentar una denuncia contra el Estado responsable. Es el Tribunal de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, dotado de un hermoso y moderno edificio a las orillas del Rin. Sin embargo, el trato que se dispensa a los inmigrantes irregulares pone hoy en cuestión la vigencia efectiva de esos derechos.

Un reciente informe encargado por el Parlamento Europeo denuncia que 20.000 inmigrantes permanecen detenidos en países de la Unión Europea durante largos períodos en condiciones a veces peores que en las cárceles. Su único "delito" consiste en carecer de papeles. En la UE existen 174 centros de "retención" de inmigrantes irregulares. Allí permanecen largo tiempo mientras se tramitan los expedientes administrativos de expulsión. En varios países, las condiciones de higiene de esos lugares han sido consideradas "inhumanas y degradantes".

Algunos Estados tienen establecido un tiempo máximo de detención como España (40 días), Bélgica (cinco meses) o Hungría (seis meses). Pero en la práctica los extranjeros pueden volver a ser detenidos tras su salida del centro y acumular así varios períodos de detención. Otros países (como Reino Unido, Holanda, Polonia y Suecia) directamente no tienen límite. Esto conduce a situaciones de encierro prolongado en lugares que no están preparados para largas estancias. Actualmente se discute en la UE una directiva del retorno que propone establecer en seis meses el período máximo de retención, pero se deja abierta la posibilidad de que en situaciones especiales se prolongue hasta 18 meses.

Los autores del Informe de la Eurocámara recomiendan que la UE priorice la dimensión de acogida frente a la meramente represiva dado que la detención debiera ser "un último recurso". Esa retención "debería limitarse a días o semanas y no meses" porque las detenciones de tipo carcelario "criminalizan a personas que no han cometido ninguna infracción penal" y que son detenidas por simples irregularidades administrativas.

Ajeno a estas demandas, el flamante gobierno italiano, presidido por Silvio Berlusconi, ha vinculado la lucha contra la inmigración con las demandas de seguridad ciudadana. Acaba de presentar un decreto ley -conocido como "paquete de seguridad"- por el que se convierte la inmigración clandestina en delito, penado entre seis meses y cuatro años de cárcel. También pueden ser encarcelados, hasta tres años, quienes alquilen casas a los irregulares y se abre la posibilidad de que inclusive los ciudadanos comunitarios sean encerrados en los centros para inmigrantes.

En el barrio Ponticelli, de Nápoles, una turba de mujeres y jóvenes atacó con piedras, palos e incendió con cócteles molotov diez campamentos donde vivían unos 1.000 gitanos provenientes de Rumania. Un informe del comité de la ONU contra la marginación racial (CERD) alertó de que en Italia se estaba asistiendo a "una campaña de discriminación sin precedentes contra los gitanos" y que era necesario "perseguir a los políticos que alimentan el odio racial".

La alianza del Pueblo de la Libertad, coaligada con la xenófoba Liga del Norte, obtuvo el triunfo electoral en Italia agitando el miedo a la inmigración. Nicolás Sarkozy, por su parte, se hizo elegir en Francia creando un Ministerio de la Inmigración y adoptando las tesis del Frente Nacional de extrema derecha frente al fenómeno de la inmigración. El gobierno británico y el alemán llevan años también endureciendo su política contra los extranjeros irregulares.

De esta manera, una mayoría de gobiernos europeos, volcados hacia la derecha, viene agitando el fenómeno de la inmigración como atajo frente a la falta de ideas para resolver los problemas de la globalización. Un caso extremo, inaceptable, es el paso que ha dado Italia de criminalizar una simple irregularidad administrativa. El pasado europeo de persecución a los judíos debiera alertar acerca de las peligrosas derivas de estas políticas. Los populismos de derecha, históricamente, han demostrado ser más letales que los de izquierda.

ALEARDO F. LARÍA

Especial para "Río Negro"

(*) Abogado y periodista. Madrid