El conflicto entre el gobierno y el campo ingresó ayer en el terreno judicial, con la detención de ocho productores en el partido bonaerense de San Pedro y la citación a declarar a un conjunto de dirigentes ruralistas y políticos. Semejante acción provocó el inmediato repudio de las entidades y partidos de la oposición, que denunciaron al gobierno de instalar "una persecución".
La medida judicial resultó muy sorpresiva, ya que el kirchnerismo, desde que está en el poder, siempre se mostró remiso a desalojar de las rutas a quienes protestan. Piqueteros, camioneros, petroleros, docentes y ambientalistas son claros ejemplos de esa política. Pero ahora, esa política se modifica porque quien manifiesta es el sector que más daño problemas le ha causado: el campo.
Pese al temor a ir presos, las entidades agropecuarias confirmaron el cese de actividades y la realización de un acto para el lunes en la localidad santafesina de Armstrong. En esa localidad, epicentro de la fabricación y comercialización de la maquinaria agrícola, se darán cita los productores agropecuarios en el marco del "cese general de actividades" que se llevará a cabo en diferentes pueblos del interior.
De acuerdo con distintos relevamientos de las entidades agropecuarias y sus regionales, las adhesiones de asociaciones empresarias y civiles, así como de los municipios, abarca a la mayor parte del interior de las provincias de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, las que dieron mayor dinámica a la protesta a lo largo de ochenta días.
Los organizadores no tuvieron la misma suerte al tratar de conseguir la adhesión de entidades de representación provincial, como pudo comprobar Buzzi al reunirse con el Consejo de Entidades Empresariales de la provincia de Santa Fe, la Federación Gremial de Industria y Comercio, la Cámara Argentina de la Construcción y la Federación de Industriales de la provincia (FISFE), en la Bolsa de Comercio de Rosario. El titular de la Sociedad de San Pedro, Raúl Victores,
su hijo y otros seis productores de la zona fueron detenidos por efectivos de la Prefectura Naval Argentina, luego de que un fiscal los acusó de quemar pastizales y reducir la visibilidad en una autopista. La decisión, adoptada por el fiscal federal de San Nicolás Juan Murray, mereció el rechazo inmediato de entidades agropecuarias como CARBAP, que reclamaron la liberación y denunciaron una campaña de "persecución" por parte del gobierno nacional. Anoche los productores fueron liberados, pero continúan procesados por quema de pastizales.
Para enrarecer aún más el clima, el fiscal Murray también envió una citación judicial a la ex candidata a gobernadora bonaerense por la Coalición Cívica, Margarita Stolbizer, y a la legisladora santafesina María del Carmen Alarcón, quienes deberán declarar por el corte de ruta en el cual participaron el 19 de mayo último. También citó a otros dirigentes agropecuarios, entre los cuales se menciona al titular de la Federación Agraria, Buzzi, mientras que un fiscal de Entre Ríos estaría investigando la actividad del chacarero entrerriano Alfredo De Angeli.
En este marco, la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, denunció que el ex presidente Néstor Kirchner quiere "buscar la violencia e imponer el miedo" y alertó: "Vamos a una etapa difícil, muy cruenta".
La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) denunció y repudió la detención del presidente de la Sociedad Rural de San Pedro. "CARBAP responsabiliza al gobierno, de quien están a cargo las fuerzas policiales, por este acto de intimidación y provocación al sector impidiendo ejercer el derecho constitucional de protestar", indicó la entidad en comunicado.
"Hubo 8 detenidos, entre ellos personas mayores, que recibieron golpes", dijo el titular de la Federación Agraria de Gualeguachú, Alfredo De Angeli.
