SANTA ROSA (DyN).- La Justicia penal de La Pampa efectuó una inspección ocular en la sede de un instituto católico de esta ciudad, donde unas doce personas denunciaron presuntos episodios de reducción a la servidumbre de jóvenes.
El juez de instrucción Carlos Flores confirmó ayer la investigación y destacó que en la causa declaró, a través de un cuestionario, el obispo de La Pampa, Rinaldo Fidel Brédice.
"Su investidura le permite prestar declaración por escrito", explicó el magistrado.
La denuncia fue promovida por familiares de jóvenes que viven en el centro católico, quienes acusaron a un sacerdote de la catedral local y a un cura español por "reducir a servidumbre" y "lavarles el cerebro" a sus hijos.
Los padres dijeron que al parecer los sacerdotes prohíben a los jóvenes "consumir alimentos dulces o yogures para no incitar el deseo sexual". También les está vedado "dar besos" e incluso algunos denunciaron que los convencieron de "entregar todo su dinero".
Las fuentes consultadas confirmaron que las víctimas de esta situación son en su mayoría docentes mujeres y hasta una profesional de las letras, quienes convivían juntas en una vivienda del centro de esta capital.
"Tenían prohibido acercarse a cualquier otra persona a una distancia menor a un metro y presuntamente sólo podían relacionarse dentro de esa pequeña comunidad, que se reducía a esa especie de internado donde convivían una docena de jóvenes, cuatro de las cuales fueron enviadas a España", acotaron las fuentes.
El juez Flores confirmó que la denuncia es por "reducción a la servidumbre y defraudación, causa por la que deberán declarar unos quince testigos".
A la vez, el magistrado dijo que en las últimas horas realizó una inspección ocular en la vivienda cuestionada, aunque destacó que "no se halló nada irregular".
"La inspección fue realizada con la colaboración del obispo Fidel Brédice, quien mostró toda su predisposición para con la investigación, inclusive declarando", destacó Flores.
Por el instituto, según estiman los denunciantes, pasaron unos 80 jóvenes pampeanos, en su mayoría mujeres.
En tanto, el abogado Omar Gebruers, patrocinante de las familias denunciantes, reveló que este instituto comenzó a funcionar en 1995 "cuando llegaron a Santa Rosa los sacerdotes".