Las consultas en Beni y Pando se realizan en momentos en que en La Paz, sede del gobierno, el oficialismo y dos partidos chicos de la oposición arribaron a un principio de acuerdo para compatibilizar desde junio la nueva Constitución de corte indígena y los estatutos de gobiernos autónomos, dos propuestas que causaron una honda crisis política en Bolivia.

Para zanjar esa crisis el gobierno promueve un diálogo con la mediación de la Iglesia católica y observadores de la OEA, Argentina, Brasil y Colombia, en paralelo a un referendo nacional en que el presidente Morales, su segundo vice Álvaro García, y nueve prefectos pondrán en juego sus cargos el 10 de agosto.

En su segundo encuentro, la mesa de diálogo acordó el miércoles en la noche delegar al Congreso la compatibilización del nuevo proyecto constitucional con los estatutos. A la cita asistieron como veedores representantes de la Iglesia Católica y del Grupo de Amigos de Bolivia (Argentina, Brasil, Colombia).

De la negociación participan legisladores del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) y de dos fuerzas opositoras minoritarias, así como los prefectos de La Paz (opositor), Oruro, Chuquisaca, Oruro y Potosí (oficialistas). Otros cuatro se marginaron de la negociación alegando que el gobierno no tiene interés de alcanzar un "verdadero pacto'' que permita superar la crisis. Según el documento, la comisión determinó que el Congreso Nacional será el escenario para lograr acuerdos y correcciones para una nueva Constitución Política del Estado de consenso y la compatibilización con los estatutos autonómicos, que impulsan Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija. Sin embargo, el pacto no cayó bien en el oficialismo. El jefe de la bancada constituyente del MAS, Román Loayza, sostuvo que solo la Asamblea Constituyente está facultada para modificar la Constitución y agregó que su partido no aceptará que se le cambie "ni una sola coma".