SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- La defensora del Pueblo, Ana Piccinini, desplegó intensas gestiones ayer para que el IPPV publique la lista definitiva de adjudicatarios de las 120 viviendas y descomprima la toma que se encamina a un final traumático.
Tras reunirse con el juez Ricardo Calcagno, el fiscal y los defensores que entienden en la causa la funcionaria aseguró a "Río Negro" que "el gran ausente acá es (el interventor del IPPV, Vicente) Pili". La defensora sostuvo que la solución pasa por publicar la lista definitiva de adjudicatarios, al tiempo que evaluó que "la situación es muy grave".
Mientras Piccinini multiplicaba las gestiones para involucrar al IPPV en la búsqueda de soluciones el fiscal Guillermo Lista elevó un nuevo dictamen al juez rechazando el pedido de sobreseimiento de los procesados y advirtiendo que "no están dadas las condiciones para evaluar una medida liberatoria".
Lista consideró, además, que la responsabilidad del conflicto recae sobre el Gobierno provincial y no sobre la justicia. "Bajo el esquema tripartito de poderes que impera en el Estado de Derecho, las soluciones de esta especie, deben ser satisfechas desde el Poder Administrador, sin que quepa al Poder Judicial inmiscuirse en cuestiones que le son ajenas" por no estar a su alcance "resolver la problemática suscitada", concluyó.
La APDH
También la APDH tomó conocimiento de las actuaciones judiciales y anticipó la decisión de mediar para evitar que un desalojo compulsivo termine en un conflicto mayor.
Hasta ayer los ocupantes mantenían firme su decisión de resistir el desalojo, aún a costa de su propia integridad física. La respuesta al procesamiento por usurpación y desalojo que dispuso el juez Ricardo Calcagno fue contundente: "no nos vamos a ir de las viviendas, preferimos morir acá", amenazaron los encartados que aseguraron "estar luchando por algo justo".
La advertencia caló hondo en Tribunales donde se confirmó la decisión de recurrir a la fuerza pública para desocupar las casas, al tiempo que se buscaba alguna vía de negociación para evitar un conflicto mayor. El plazo dispuesto por Calcagno se cumplirá a más tardar el lunes ya que "la tramitación del desalojo sigue su curso" al margen de las apelaciones.
El abroquelamiento de las familias que permanecen en la toma generó una reacción inmediata entre los inscriptos que el miércoles por la noche marcharon hasta el Centro Cívico para reclamar el "sorteo público y transparente" de las casas.
"Transparencia"
Cacerola en mano, los aspirantes dieron su respaldo al accionar de la justicia, cuestionaron al Gobierno provincial e invitaron a los ocupantes a deponer su actitud y confiar en la "adjudicación transparente de las viviendas".
En las últimas jornadas, los ocupantes evitaron toda salida del habitacional y no enviaron sus hijos a clases por el temor a perder al posición sostenida a lo largo de 19 días de toma.
"Estamos luchando por algo justo, creemos que es justo debido a los manejos que hoy se ven. Lo que salió de la vivienda en el diario "Río Negro" nos da más lugar a entender lo que la gente piensa y por eso tomamos esta decisión", explicó Sergio Delfino, uno de los ocupantes.
