Con el objetivo de descomprimir el conflicto representantes de los ocupantes de las 120viviendas, de la empresa constructora y del municipio irán a una instancia de mediación penal.

Así lo acordaron la Defensora del Pueblo, Ana Piccinini, el fiscal Guillermo Lista y la defensa de quienes actualmente ocupan las casas.

Mientras tanto desde el Insitituto Provincial de la Vivienda se comprometieron a publicar el listado de preadjudicatarios a más tardar el martes.

El presidente del IPPV, Vicente Pili, le prometió a Piccinini que los técnicos del organismo se instalarán en esta ciudad el mismo día que salga la publicación con toda la documentación de los inscriptos.

El obejtivo es completar el proceso de impugnaciones y adjudicación definitiva de las casas en el menor plazo posible.

Adelantaron que la mediación se concretaría el martes y que de la negociación participarán los abogados defensores de los ocupantes, el representante legal de la constructora Alusa S.A. -denunciante- y el asesor Legal del municipio.

De complejo habitacional, ubicado en el barrio San Francisco IV, 20 casas está comprometidas para el traslado de las familias que viven en la zona de riesgo de la Barda del Ñireco y unas 30 están reservadas, por ley para discapacitados, por lo que solo unas 70 serán distribuídas entre los 2.280 inscriptos.

Fuente: AB