Durante cuatro años al menos, el Plan Integral de Seguridad fue, para la opinión pública, un secreto guardado a llave y candado. A tal punto fue así que ni siquiera se pudieron conocer los decretos de Jorge Sobisch que lo ponían en marcha y aprobaban los contratos con las empresas elegidas sin ninguna clase de licitación. Pero ahora, ya sin Sobisch en la Casa de Gobierno, el Tribunal de Cuentas, siguiendo la norma que dice "más vale tarde que nunca", envió a diputados opositores que venían pidiendo informes con ejemplar insistencia, una importante documentación que hasta ahora era "reservada". Así llamada en el diccionario del poder que - como cuando se llama "demorado" a un detenido- prefiere aligerar el lenguaje.

Los papeles que los diputados hicieron públicos -y que son una mínima parte de los que todavía están guardados en el ministerio de Seguridad- responsabilizan a Sobisch sólo por haber firmado el decreto 2090, del año 2004, que aprueba el plan. Pero todo lo demás, empezando por la selección y contratación directa de las empresas, lo hizo Manganaro. Por eso, este hombre de meteórica carrera política en el Movimiento Popular Neuquino (hasta el punto de ser tenido como el delfín de Sobisch), abruptamente cortada cuando Horacio Quiroga lo derrotó en la disputa electoral por la intendencia de la capital neuquina, deberá ahora salir de su ostracismo y volver a la escena pública para dar explicaciones. Los campos de La Pampa podrá seguir cuidándolos su amigo Santángelo.

Manganaro deberá ser muy claro si quiere convencer, porque la opinión pública y eventualmente la justicia que ya no será de Sobisch, querrán saber del destino final de esos 50 millones de dólares (el único dato que dio Sobisch en una entrevista de su periodista preferido, Mariano Grondona) que costó el plan.

Ya en su primer párrafo el decreto, de 10 de setiembre de 2004, alude al ministerio de Manganaro cuando se refiere al informe presentado por el ministerio de Seguridad y Trabajo. Luego, en sus fundamentos, dice de "las necesidades nuevas e inmediatas" planteadas por "la mayor organización de los delincuentes y el aumento en el grado de violencia utilizado", y reclama romper con la inercia existente, debida a que "las instituciones provinciales no han demostrado hasta el presente la capacidad y el éxito para revertir la tendencia al alza del delito que se registra en los últimos diez años".

En hipótesis, el Plan Integral de Seguridad plantea una lucha sin cuartel contra la delincuencia que, obviamente, no excluye a los funcionarios públicos aunque, en este caso, no se alcanza a ver para qué sirven los helicópteros.

Admite el decreto que la suma total del gasto será algo salada. Habla, en tal sentido, de "un cambio de mentalidad" que no va a salir gratis porque -he aquí la inteligencia de un gobierno- ese cambio "debe estar acompañado de los recursos materiales indispensables que inicialmente insumirán importantes erogaciones del tesoro provincial".

Por lo tanto, ya se tenía una idea de que el plan sería costoso. No se sabía, en cambio, de las empresas que, elegidas a dedo, aportarían los "recursos materiales indispensables".

De eso se ocuparía Manganaro. Es lo que establecían los artículos segundo y tercero del decreto, firmado por Sobisch y refrendado por el mismo Manganaro, Claudio Silvestrini y Omar Raimondo, éste subsecretario de Seguridad. El segundo facultaba a los ministros de Seguridad y Hacienda y Finanzas y Energía, a "elaborar el cronograma económico y financiero". El tercero ya no facultaba sino que delegaba "en el señor ministro de Seguridad y Trabajo la facultad de autorizar las contrataciones que permitan el cumplimiento del Plan Integral de Seguridad para la provincia del Neuquén, en atención a su carácter reservado".

Este texto, convenientemente explicado, significa, al delegar un gasto de 50 millones de dólares, que Manganaro, como la misma provincia, era confianza.. Tanto que además lo hace responsable del secreto que actualmente guarda el ministro Pérez. Ciertamente, Sobisch también confiaba en su ministro de Seguridad para que eligiera a las empresas que se llevarían esos 50 millones. Siendo así, no podría sorprender que si, en hipótesis, algún juez cita al ex gobernador para que explique algo, la respuesta sea: "eso hay que preguntárselo a Manganaro".

Como quiera que sea, quien deba explicar tendrá que hablarnos, por ejemplo, de por qué fue preciso ocultar que los helicópteros que Manganaro decidió comprar a la empresa Modena Auto Sport, representante de Bell en la Argentina, costarían casi cuatro millones de pesos; que los automóviles Volkswagen Polo adquiridos a una concesionaria costaron más de nueve millones. Y, lo más importante de todo, que la contratista principal, Damovo S.A., cuyo presidente y a la vez dirigente del club Boca Juniors es don Manuel Requejo García, cobrara el 28 de enero de 2005 un presumible primer pago de 22 millones de pesos, y que pocos días después depositara en forma escalonada alrededor de once millones en las cuentas corrientes de Temux y su vinculada Cooperativa Santa Elena, en la sucursal Buenos Aires del BPN. ¿Qué es, Manganaro, lo que había que proteger con el secreto?

JORGE GADANO

tgadano@yahoo.com.ar