VIEDMA (AV).- La Justicia procesó al titular de la asociación civil de esta capital "Por un futuro Mejor", Aníbal Cipriano. Se le imputó el delito de "coacciones" por exigir el pago de entre 10 y 20 pesos a algunos beneficiarios del Programa de Empleo Rionegrino y el de Emergencia Social Alimentaria, bajo la amenaza de excluirlos del plan en caso de no acceder a su requerimiento.

Otras dos integrantes de esta entidad, Yesica Vanina Sánchez y Graciela Haydee Cayamilla, fueron también procesadas en marzo pasado por el mismo delito.

Para el juez penal de Viedma Pedro Funes los pedidos de esos pagos se efectuaban en el exterior de las instalaciones del club Sol de Mayo de Viedma, donde percibían esos pagos los beneficiarios de aquellos programas.

La asociación presidida por Cipriano cumple una función de intermediaria para la presentación de proyectos en que se incluyen a los beneficiarios de esas operatorias de asistencia social.

Para la Justicia tanto Cipriano como Sánchez y Cayamilla produjeron un claro quebrantamiento en la intangibilidad de la determinación de las personas beneficiarias de los programas de empleo rionegrino, toda vez que sino entregaban la suma de dinero requerida, automáticamente el mes siguiente eran dados de baja del listado de beneficiarios.

En este sentido se enfatizó que todos los testigos que declararon en esta causa coincidieron en indicar que sino accedían a ese pago serían dados de baja.

El juez destacó que los beneficiarios de estos planes son personas que atraviesan la misma situación social, de carencia de trabajo y las necesidades básicas insatisfechas y que, en su mayoría, dependen exclusivamente del aporte estatal para su subsistencia. Además todos los testigos coincidieron en que la exigencia de los responsables se fundaba, entre otras cosas, en la necesidad de mantener un hogar de ancianos, la creación de un fondo común para los integrantes de la asociación que no pudieran cobrar el beneficio y también para los gastos de la entidad por alquiler e insumos.

Esta asociación tenía 156 beneficiarios con asistencia económica y las reuniones donde los dirigentes "pasaban lista" por el pago de los 10 ó 20 pesos se realizaron en un principio frente a la casa de Cipriano y en la plaza San Martín. Esas exigencias de pago no son compatibles con la contraprestación que debían realizar los beneficiarios como tampoco las vinculadas a canjear los tickets sociales en determinados comercios indicados por Cipriano, locales donde los valores de la mercadería excedía los del mercado. El juez consideró que si bien la denuncia fue formulada por Trabajo destacó deficiencias en la implementación de los planes de empleo en lo que hace a su otorgamiento y fundamentalmente a su control posterior.