NEUQUÉN (AN).- El plenario provincial de trabajadores judiciales rechazó ayer la nueva oferta que el Tribunal Superior de Justicia hizo para destrabar el conflicto salarial, y por el contrario profundizó las medidas de fuerza.

Los empleados votaron un paro y movilización para el próximo martes, cuando irán a la Legislatura. Ese día los diputados tratarán en comisión el proyecto de aumento que propone el sindicato.

La última oferta del TSJ fue recomponer los sueldos un 26% de forma escalonada. Un 13% a partir de mayo, un 10% desde julio y un 3% en agosto; además, ofreció un pago único de 1.600 pesos, no remunerativos ni bonificables. Y un aumento del índice de la antigüedad, un ítem por el que bonifica el salario básico.

Se terminaría de aplicar en agosto de 2009; primero subiría un 0,20% en diciembre del corriente año; otro 0,20% en marzo del próximo, y el 0,25 restante en julio.

Sejun ratificó ayer su posición de conseguir una suba del 28,5%, con un 1% de incremento en el índice de la antigüedad.

También, la entidad gremial plantea que la recomposición sólo se aplique a los afiliados que representa, entre los que no se encuentran jueces ni magistrados. El TSJ mantiene su posición de que esta franja sea beneficiada por el incremento que finalmente se dirima en la Legislatura.

Las medidas de fuerza que fueron ratificadas son paros sorpresivos, asambleas en lugares de trabajo, y trabajo a código y quite de colaboración "en todas las oficinas judiciales de la provincia".

El conflicto está sin una resolución desde hace más de un mes. Los judiciales ya rechazaron varias propuestas.

La semana pasada tomaron la sede del TSJ, y con la mediación del ministro de Gobierno, Educación y Justicia, Jorge Tobares, el diálogo que había permanecido sin producirse durante varios días, volvió a retomarse.

La oferta que plantearon los vocales es similar a la conseguida por los gremios estatales con representación dentro de la administración pública.

Lo que plantea Sejun es que hay funcionarios que deberían recibir, en todo caso, un porcentual menor, de modo que haya más fondos para distribuir en los que menos cobran.