VIEDMA (AV).- La Comisión Acusadora de Juicio Político quedó anoche conformada y avanzó en el procedimiento interno de funcionamiento. Esos trámites se prevén concluir en junio -con una ley- y a partir de esa habilitación tendrá la comisión un plazo de 40 días para dictaminar en el pedido de juicio político contra el Fiscal de Estado, Alberto Carosio.

En principio, esa comisión quedó presidida por Daniel Sartor y por Carlos Peralta como secretario, completándose con María Inés García y Adriana Gutiérrez, y Silvia Horne. La oposición es minoría con dos de los cinco miembros.

Al concluir la reunión, los integrantes explicaron que la comisión se abocará a definir el reglamento para el juicio político, pues el Digesto Jurídico derogó el anterior esquema fijado por la ley N°395, sancionada en mayo de 1965.

Sartor explicó que la comisión aportará un proyecto para su sanción en la Legislatura. El legislador de la Concertación consideró que se evalúa si puede fijar por resolución pero, inicialmente, se coincidió anoche en su instrumentación por ley.

El juicio político requiere dos salas, la acusadora y la juzgadora. Ambas se integran

con la mitad de los integrantes de la Legislatura.

La acusadora tiene una comisión, que "tiene por objeto investigar la verdad de los hechos en que se funde la acusación" y tiene "para ese efecto las más amplias facultades", según el artículo 153 de la Constitución Provincial.

La comisión -agrega el 154- termina "sus diligencias en el perentorio término de 40 días y presenta un dictamen a la sala acusadora, la que sólo puede aceptarlo por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes".

En ninguno de los casos se puede repetir un diputado. Ayer se advirtió esa situación con Carlos Peralta. Seguirá en la acusadora y en la juzgadora lo reemplazará Pedro Pesatti

Ese plazo -explicó Peralta- correrá a partir de la aprobación de la reglamentación. Se estima que en junio quedará resuelta, por lo cual se considera que la comisión deberá expedirse dentro de la primera quincena de agosto.

El pedido de juicio político contra Carosio fue requerido por el bloque del justicialismo a partir de la investigación penal originada en un pago presuntamente indebido de más de dos millones de pesos en una demanda de policías contra la provincia.