Por fin, la caída en picada de la popularidad de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se ha visto confirmada por diversas consultoras que hasta hace poco eran reacias a difundir los resultados de sus encuestas por temor a molestar a un gobierno que se ha hecho notorio por el enojo que le ocasiona cualquier dato que contradice su "relato" triunfalista. En apenas cinco meses, el índice correspondiente se ha reducido por 20 puntos o más -una encuestadora habla de 30-, para ubicarse entre el 26 y el 23% de aprobación. Tales cifras no pueden sino ser motivo de gran preocupación para una mandataria tan consciente como es ella de la importancia de la opinión pública. Asimismo, aunque se atribuye la escasa popularidad de Cristina a su manejo poco eficaz del paro del campo y a la inflación que está corroyendo los ingresos magros de sectores muy amplios, el que la imagen de su marido -el responsable principal de prolongar el conflicto con los productores rurales y de permitir que la inflación se salga de madre- se haya deteriorado mucho menos, hace pensar que la caída vertiginosa que se ha registrado se debió a su propia personalidad.

Por cierto, no la han ayudado las arengas públicas furibundas que le gusta pronunciar, en las que vapulea a todos aquellos que se animan a discrepar con ella, acusándolos de ser golpistas, ricos ingratos, contrarios al respeto por los derechos humanos, antidemocráticos y muchas cosas más. Aunque su retórica en tal sentido no ha sido muy diferente de la utilizada por Néstor Kirchner, en boca de ella suena más soberbia y por lo tanto irrita más a una proporción significante de la ciudadanía. ¿Es una cuestión de género? En parte, sin duda, pero también contribuye a la impresión negativa la sospecha de que Cristina se cree intelectualmente superior a los demás y por lo tanto con derecho a desempañar el papel de una pedagoga intolerante.

En un intento de mejorar su imagen, la presidenta está procurando mostrarse como una persona conciliadora que entiende muy bien la importancia de los acuerdos, lo que es sin duda muy positivo pero que no servirá para mucho a menos que el gobierno que encabeza abandone la postura prepotente que le es característica desde el inicio de la gestión de su marido. Como acaban de recordarnos los líderes de las cuatro organizaciones agropecuarias que se han rebelado contra la arbitraria política impositiva oficial, celebrar reuniones supuestamente amables con el único propósito de hacer creer que el gobierno está dispuesto a dialogar es una pérdida de tiempo. Lejos de convencer a sus interlocutores de que la presidenta está dispuesta a negociar de buena fe, los hace sentir víctimas de una maniobra cínica destinada a desprestigiarlos.

Todo político entiende que resulta sumamente difícil revertir la caída de una imagen personal sin ausentarse del centro del escenario por mucho tiempo para después volver claramente cambiado, pero es una alternativa que, por razones evidentes, Cristina no podrá ensayar. A menos que esté preparada para gobernar durante los tres años próximos con buena parte del país en contra, pues, tendrá que aceptar que el "modelo" político que le legó su marido ya es obsoleto y que le será necesario reemplazarlo por otro muy distinto, uno mucho más federal e inclusivo en que las propuestas no puedan ser dictadas desde arriba sin consultar a nadie. Antes de iniciar su gestión, la presidenta dio a entender que era consciente de las deficiencias institucionales del país y estaba resuelta a remediarlas, motivando así la esperanza de que a diferencia de su marido aceptaría compartir el poder con el Congreso y respetaría más a los gobernadores provinciales. Pero pronto se hizo patente que sólo se trataba de una ilusión. Por ser dueña de un temperamento autocrático o, como algunos aventuran, por su incapacidad de librarse de la tutela asfixiante de su marido -ello a pesar de su discurso feminista- hasta ahora la gestión de Cristina ha decepcionado a la mayoría de los habitantes del país, sobre todo a muchos que la votaron, razón por la que luego de cinco meses en la presidencia ostenta un nivel de popularidad bajísimo, sin que haya garantía alguna de que el deterioro así reflejado no se intensifique todavía más en el transcurso de los tres años y medio que según la Constitución le quedan como jefa de Estado.