El Tribunal Oral Federal 1 de Córdoba dispuso ayer revocar en forma transitoria la prisión domiciliaria de Luciano Benjamín Menéndez, quien será trasladado al Tercer Cuerpo de Ejército por razones de seguridad, a sólo cuatro días del inicio del juicio al ex militar por delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura.
Organismos de derechos humanos destacaron la medida pero a la vez dejaron trascender que se deben extremar las precauciones para que no ocurra lo mismo que con el represor Héctor Febres, que murió envenenado en dependencias de Prefectura, donde estaba alojado, antes de que se conociera el fallo en el juicio en su contra.
Fuentes judiciales indicaron que se dispuso además la detención de manera transitoria del sargento primero (r) Oreste Valentín Padován y del civil ex adscripto de Inteligencia Ricardo Alberto Ramón Lardone, que estaban en libertad gracias a un fallo de la Cámara de Casación desde junio de 2007.
Por cuestiones de salud, Lardone permanecerá internado en el Hospital Militar de esta capital, donde se encuentra actualmente.
Para el martes próximo, a las 9.30, está previsto que comience el primer juicio por la represión en Córdoba, con el objeto de esclarecer lo ocurrido con cuatro militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) secuestrados entre el 6 y el 8 de noviembre, torturados durante un mes en el centro clandestino de detención de La Perla y asesinados el 15 de diciembre en un simulacro de enfrentamiento.
Las fuentes judiciales confirmaron que los otros cuatro imputados en la denominada causa "Brandalisis" permanecerán también en el Tercer Cuerpo de Ejército, hasta que finalice el proceso judicial. Los otros acusados son Hermes Oscar Rodríguez (con arresto domiciliario en Mendoza), Luis Alberto Manzanelli (desde 2003 detenido en el Tercer Cuerpo), Jorge Exequiel Acosta y Carlos Alberto Díaz.
La medida también se dispuso para Carlos Alberto Vega, pero permanecerá alojado un hospital de Mendoza por padecer cáncer, dijeron los voceros. La causa "Brandalisis" fue elevada a juicio en marzo pasado por la jueza Cristina Garzón de Lazcano. Hasta ahora, tanto Padován como Lardone estaban en libertad, gracias a un fallo de la Cámara Nacional de Casación desde junio.
Los organismos de derechos humanos querellantes en la causa, Hijos y Familiares de Desaparecidos, saludaron la decisión judicial pero solicitaron que se extremen las condiciones de seguridad para la detención de los acusados durante el juicio.
Los querellantes consideran que es importante evitar que se repita lo ocurrido con el represor Héctor Febres, quien murió envenenado con cianuro en vísperas del veredicto del juicio al que era sometido por delitos cometidos en la dictadura.
