SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- El juzgado Civil 3 rechazó la medida cautelar solicitada por una de las ocupantes de las 120 viviendas que pedía el amparo a la justicia para entrar y salir libremente del complejo habitacional y cuestionó la intención de "judicializar una ocupación a todas luces ilegal".

En tanto las 65 familias que todavía permanecen dentro del inconcluso plan habitacional denunciaron al Estado por "abandono de persona" y convocaron a una asamblea abierta el domingo para promover alternativas al severo déficit habitacional de la ciudad.

La mujer que promovió el amparo -cuyo nombre no trascendió- y su esposo, de apellido Soto, pretendían que el Estado arbitrara los medios para poder "transitar libremente", salir y retornar a la casa tomada. La amparista justificó el pedido en que tanto ella como su marido necesitan concurrir a sus respectivos trabajos y que "una vez afuera de la casa no pueden volver a entrar".

El magistrado rechazó "in limine" la medida cautelar destacando que despropósito de que "una intrusa" recurra a la justicia para "obtener el placet jurisdiccional para evitar que otra personas, ante su ausencia, a su vez sub-ocupen" la vivienda tomada.

En la resolución destacó que la amparista "no indica contra quien plantea el recurso", que no queda clara la "lesión grave e inminente a derechos o garantías" constitucionales y, en cambio, es "elocuente su intención claramente abusiva".

Cuellar evaluó la presentación como "un mayúsculo dislate, prototípico de los desgraciados tiempos que corren en este país". Además enfatizó que "ni el Poder Judicial está para convalidar excesos ni menos aún están configurados los recaudos mínimos de admisibilidad del amparo" y advirtió que la vía del amparo no puede resultar "objetivamente proponible para intentar judicializar una ocupación a todas luces ilegal".

En el fuero penal, el juez Ricardo Calcagno concluyó la toma de declaración indagatoria a los jefes de familia que protagonizaron la ocupación del plan de viviendas, que superó largamente los 120 testimonios, y ordenó el relevamiento de las personas que permanecen en el lugar.

La resolución de la causa se extenderá a la semana próxima. El expediente fue abierto a vista de la fiscalía para dar respuesta al pedido sobreseimiento planteado por los abogados defensores Silvia Frank y el defensor Oficial.

Tras diez días de toma las familias instaladas en el complejo habitacional reiteraron su temor de que las casas terminen "en manos de los mismos de siempre" y que tanto los inscriptos como los ocupantes resulten "perjudicados".