NEUQUÉN (AN).- Con el inicio de la nueva gestión de gobierno, los legisladores de la oposición realizaron una serie de pedidos de informes a organismos y dependencias del Estado. La respuesta del Tribunal de Cuentas confirmó que en el ejercicio 2005 se objetaron todas las contrataciones y compras relacionadas con el Plan Integral de Seguridad.

Los datos revelaron también uno de los secretos mejor guardados por la gestión del ex gobernador Jorge Sobisch y mantenido por la actual: los tres decretos reglamentarios del Plan Integral de Seguridad, que fueron adjuntados en el informe presentado a los diputados de la Concertación por el Tribunal de Cuentas.

En el primero de ellos, del 10 de septiembre de 2004, se crea el Plan Integral de Seguridad (PIS) y se faculta a los entonces ministros de Seguridad y Trabajo, Luis Manganaro; y de Hacienda , Finanzas y Energía, Claudio Silvestrini, a "fijar en forma conjunta el cronograma financiero", a autorizar contrataciones e incluso a modificar partidas. Luego de aprobado el PIS, con el segundo decreto se creó la dirección Estratégica del Plan Integral de Seguridad (DEPIS), que se encargaría de coordinar el nuevo sistema.

Meses después, con el decreto 07 de enero de 2005, se dispuso que todas las contrataciones revestirían el carácter de "confidencial" y que la forma y el plazo para la rendición de esas contrataciones serían definidos por la Contaduría General de la provincia (ver aparte).

"Sin la documentación"

Las compras y contrataciones directas figuraban en el Sistema Contable Provincial (Sicopro), sin la documentación requerida, por lo que fueron observadas en los informes del Tribunal de Cuentas al ejercicio 2005.

Se destacan los 3.726.133 pesos que costaron dos helicópteros; 135.552.696 de pesos de compras y contrataciones del Sistema Integral de Seguridad Provincial y Atención de Emergencias (SISPAE) y 8.946.221 de pesos para adquirir automóviles para la policía provincial. También se objetaron gastos menores, como el pago de la cena aniversario de la policía por 22.275 pesos, o a la consultora que ideó el plan, por 367.840 pesos.

A partir de reiteradas observaciones, el Tribunal de Cuentas accedió a los tres decretos que sentaron las bases para el desembolso de cerca de 150.000.000 de pesos en forma directa y que habían sido guardados con celo por la gestión del ex gobernador, Jorge Sobisch, bajo el argumento de que se trataba de "normas secretas".