La esperanza oficial de que un cambio de la metodología que se emplea para medir la evolución de los precios sirva para restaurar la confianza de los agentes económicos, y de la población en su conjunto, en los guarismos difundidos por el INDEC es poco realista. Ya antes de estrenarse a partir de junio el nuevo índice de precios al consumidor que se ha elaborado, los especialistas están manifestando sus dudas en cuanto a sus méritos, señalando, entre otros reparos, que si bien es importante saber el impacto de la inflación en los sectores de consumo medio y bajo, también es necesario contar con un índice general que, según parece, no se publicará. Por lo demás, por ser cuestión en buena medida de los precios de artículos de primera necesidad, al gobierno le será más fácil controlarlos o subsidiarlos, de suerte que se ha propuesto medir lo que suceda en una parte de la economía que estará vigilada desde cerca por el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y pasar por alto el resto. Asimismo, la decisión, acaso atribuible al credo unitario del gobierno kirchnerista, de limitar el índice a lo que ocurre en la Capital Federal y el conurbano bonaerense virtualmente asegura que siga siendo inverosímil la diferencia entre el aumento relativamente menor de precios -que a juicio de los responsables actuales del INDEC molesta a los porteños- y las subas decididamente más dolorosas que afectan a los habitantes de provincias como Santa Fe, San Luis y, a veces, Mendoza. Nadie ignora que en un territorio tan grande como el de la Argentina los precios pueden variar de un lugar a otro, pero las distorsiones que se han producido sólo serían posibles si se tratara de dos o tres países distintos.

De todos modos, aunque resulta importante la opinión de los técnicos en torno del pro y el contra de un esquema elegido porque se supone que producirá cifras menos alarmantes que las procedentes de consultoras privadas, lo es todavía más la de quienes no pretenden ser expertos en estadística pero sienten en el bolsillo que la inflación está cobrando fuerza a una velocidad muy preocupante. A esta altura, cualquier método que dé como resultado una tasa anual inferior al 25% merecerá el escepticismo del grueso de la población, incluyendo a los empresarios, a los economistas profesionales y, desde luego, a los sindicalistas. En efecto, la Unión Obrera Metalúrgica y otros sindicatos ya están pidiendo aumentos superiores al 35%, lo que sería inconcebible si los números del INDEC guardaran alguna relación con la verdad pero que los dirigentes sindicales, conscientes como son de que el aumento continuo de los precios no es una ficción inventada por la oposición, consideran perfectamente razonables. Asimismo, aun cuando para sorpresa de todos el nuevo índice fuera aceptado por la ciudadanía, sería necesario sincerar lo ocurrido desde que, en enero del año pasado, el entonces presidente Néstor Kirchner optó por ajustar las estadísticas inflacionarias a sus propias preferencias.

Aquella decisión desafortunada, que tal vez se haya inspirado en la fantasía voluntarista de Kirchner de que le sería dado reemplazar la realidad por una versión mucho más atractiva fabricada por él mismo, está en la raíz de muchos problemas actuales que perjudican enormemente la gestión todavía joven de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. De haber elegido su marido reconocer que frenar la inflación requiere algo más que un intento de modificar las expectativas, hubiera tomado medidas un tanto más promisorias para combatirla antes de que adquiriera su ímpetu actual, ahorrándose así la rebelión de los técnicos del INDEC que andando el tiempo socavaría su credibilidad y, por reflejar una postura más sensata, hubiera reducido la posibilidad de que estallara el largo y costosísimo conflicto con el campo. Fue con toda seguridad el error más grave de toda su gestión. Significó que su esposa Cristina no heredaría una economía capaz de seguir creciendo con rapidez durante algunos años más sin sufrir demasiados contratiempos, sino una que corre el riesgo de experimentar un "aterrizaje forzoso", o sea, un parón abrupto que la obligue a gobernar durante tres años en medio de una crisis absurda creada por su antecesor.