VIEDMA (AV).- La Legislatura otorgó a la empresa estatal ARSE toda facultad de explotación y de generación energética de las pequeñas centrales de Río Negro.
También se aprobó la creación de un nuevo juzgado de Familia para Viedma y, además, se sumaron diferentes reformas a la ley de Protección Integral.
El ámbito legislativo también sirvió de reconocimiento de su triunfo electoral y de despedida de su banca del electo intendente de Bariloche, Marcelo Cascón, que el próximo 1 de junio asumirá en ese cargo.
Entre los proyectos de primera vuelta, la Legislatura restituyó las metas planteadas para ARSE en sus objetivos de políticas hídricas y además, se incorporó la facultad de manejo de la generación y de explotación energética originadas por las centrales del Alto Valle y de Céspedes, como también en el futuro la de Salto Andersen, según lo fundamentó el presidente de la Comisión de Recursos Hídricos, Adrián Torres.
El legislador diferenció al DPA como "la autoridad Hídrica y ARSE como herramienta gerenciadora de esta generación futura".
Hace algunos años, aquellas pequeñas centrales fueron recuperadas por la provincia, a través del DPA. Ahora, el gobierno de Miguel Saiz procura rearmar su propio mercado de generación eléctrica de la provincia.
Por otra parte, los legisladores -por unanimidad- modificaron la ley de Protección Integral de los Derechos de los Niños y los Adolescentes, adecuando esa norma a los postulados básicos que se imponen en la Nación. En concreto, la reforma establece la asistencia médica y sicológica con régimen de internación en hospitales o ambulatoria, y el tratamiento de adicciones ordenadas por la autoridad judicial competente.
Además, la Legislatura aceptó la creación del segundo juzgado de Familia para Viedma. En su argumentación, Torres explicó que "la cantidad de expedientes en trámite y el número de audiencias superan en la actualidad los límites que hacen a una razonable y adecuada prestación del servicio de justicia".
Otro proyecto aprobado correspondió a la adhesión de Río Negro a la ley nacional 26.279, que fija un régimen para la detección y tratamiento de determinadas patologías en los recién nacidos. Esta iniciativa fue impulsada por las legisladoras Adriana Gutiérrez (Concertación) e Inés Lazzarini (PPR). La norma establece en la legislación rionegrina "la responsabilidad de incorporar como prestaciones obligatorias" la detección de las patologías contempladas en la ley nacional 26.279 y las que en el futuro se incorporen, como así también los abordajes terapéuticos que se requieran para cada caso detectado y el equipamiento para estos tratamientos".
Asimismo, la Legislatura ratificó tres iniciativas de Labor Parlamentaria que requieren medidas de Nación que permitan paliar la situación de los productores agropecuarios originada por la sequía en distintas regiones.
