SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- A pocos días de dejar el cargo, el intendente provisorio Darío Barriga envió al Concejo Municipal un proyecto de ordenanza para "renovar y/o ampliar por diez años" las concesiones de transporte urbano.
La recontratación beneficiaría a las actuales prestadoras -Tres de Mayo y cooperativa Codao- y descarta sin más trámite la vía de la licitación pública.
Además de Barriga, la iniciativa lleva la firma del secretario de Gobierno, Adolfo Fourés, el director de Gobierno Carlos Catini y la abogada Valeria Fernández Soler.
Algunos ediles consultados ayer dijeron que el proyecto es inoportuno y tiene el rechazo asegurado. El intendente electo Marcelo Cascón prometió públicamente encargar un "estudio profundo" sobre el sistema de transporte que necesita Bariloche y luego llamará a licitación.
El ¡martes, al salir del encuentro que mantuvo con Barriga para acordar la fecha del traspaso de mando, Cascón dijo también que el gobierno saliente se comprometió a "no tomar decisiones de fondo" en la transición.
Este diario le consultó sobre la cuestión del transporte y el futuro intendente dijo que no habían hablado del tema pero descartó que hubiera novedades.
La contratación directa con Codao y Tres de Mayo fue una idea varias veces enunciada por el ex intendente Alberto Icare, que sin embargo nunca envió el proyecto al Concejo.
Barriga, a poco de asumir, llamó a audiencia pública en la búsqueda de legitimar la renovación de las concesiones por diez años. El polémico encuentro se realizó en enero y prácticamente no concurrieron usuarios, de modo que la mayoría de las voces oídas fueron concordantes con el interés de las empresas.
El proyecto presentado el martes al Concejo dispone en su parte resolutiva la renovación y/o ampliación "por el término de diez años" de las concesiones que explotan Codao y Tres de Mayo "con opción a cinco más". Agrega en dos anexos las condiciones del contrato y los "indicadores operativos" para la prestación del servicio.
En los fundamentos, la iniciativa recuerda que los contratos de transporte urbano están vencidos y que hoy el escenario "devino en prórrogas tácitas".
Describe luego el supuesto apremio económico que enfrentan las empresas, la restricción crediticia, el aumento de costos y señala que esas circunstancias "han excedido el riesgo empresario estimado al momento de la contratación".
Indica que las opiniones en la audiencia pública en favor de extender las conexiones actuales "resultaron contundentes" y luego desgrana una larga serie de elogios de las empresas, que bien podrían haber sido escritos por sus propios directivos.
Dice incluso el proyecto que las empresas "han garantizado la prestación del servicio en condiciones de eficiencia y eficacia" (algo fácil de desmentir con una simple encuesta entre los usuarios). También afirma que "no se registran sanciones o multas en sus prestaciones", a pesar de que hay amplio registro sobre los incumplimientos de las prestadoras.
