BOGOTÁ (AP)- El fiscal general Mario Iguarán pidió ayer que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) investigue a la senadora Piedad Córdoba, quien ha actuado como mediadora con las FARC para liberar rehenes, y otros dos congresistas, como parte de un grupo que incluye políticos, periodistas y extranjeros sospechosos de mantener vínculos con esa guerrilla.

Informó que abrió investigaciones contra la constituyente ecuatoriana María Augusta Calle, el también ecuatoriano Iván Larrea; el venezolano miembro del parlamento Latino, Amílcar Figueroa y el estadounidense James Jones, un antropólogo y economista.

Los legisladores sospechosos además de Córdoba son el representante a la Cámara Wilson Borja y la senadora Gloria Inés Ramírez, de los opositores partidos Liberal y Polo Democrático Alternativo, respectivamente, en cuyos casos "la fiscalía ha compulsados de manera inmediata copias ante la honorable Corte Suprema de Justicia para lo pertinente'', dijo Iguarán. Solo la CSJ tiene facultad para investigar a legisladores, según la ley de Colombia.

El fiscal general dijo que los nombres de los políticos y el resto de indiciados aparecen en documentos extraídos de tres computadoras que supuestamente fueron confiscadas por militares colombianos cuando el 1 de marzo incursionaron ilegalmente a Ecuador para atacar un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Iguarán también dijo que abrió investigaciones contra los periodistas Carlos Lozano y William Parra, corresponsal de la cadena de noticias Telesur; el ex ministro Alvaro Leyva, quien había sido autorizado por el gobierno para mantener contactos con el grupo, el ex asesor de paz Lázaro Viveros y la directora de la organización no gubernamental Cruz de Agro, Liliana Ovando.

Lozano, director del semanario comunista Voz, expresó a radio Caracol que las personas señaladas por el fiscal han venido trabajando "de manera pública'' por el intercambio humanitario'', con conocimiento del gobierno, de la comunidad internacional y de "cara al país''. Después, comentó que le parece "muy grave'' que entre los sospechosos haya tres periodistas, pues parece una amenaza a la libertad de expresión.

Las indagaciones contra los Córdoba, Borja y Ramírez se suman a las que la CSJ sigue contra más de 30 congresistas, casi totalmente aliados del presidente Alvaro Uribe, por supuestos vínculos con grupos paramilitares.