MADRID (AP/AFP) - Los países europeos aprobaron ayer un proyecto de ley que instaura reglas comunes para la expulsión de personas indocumentadas de sus territorios, mientras España e Italia confirmaron sus divergencias sobre las recientes medidas tomadas por el ejecutivo italiano, que establecieron como delito penal el ingreso irregular al país.
Sin embargo, a nivel interno, un 58% de los italianos se mostró a favor de que la inmigración ilegal sea tipificada como delito, tal y como aprobó el primer Consejo de Ministros del Gobierno de Silvio Berlusconi, según los resultados de una encuesta que publica el diario 'La Republica El sondeo, realizado por la IPR marketing entre mil personas, señala que la mayoría de los ciudadanos respaldan las nuevas medidas en materia de seguridad aprobadas por el Ejecutivo en su primera reunión celebrada ayer en la ciudad de Nápoles (suroeste).
La tipificación de la inmigración ilegal como delito prevé el arresto en flagrancia, un juicio rápido y una pena que va de seis meses a cuatro años de cárcel. Un 63% de los encuestados se dijo a favor de que los ciudadanos comunitarios puedan permanecer en el país más de tres meses sólo si demuestran que tienen ingresos suficientes procedentes de una actividad lícita e informan de su presencia con nombre y domicilio. En cuanto a las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros como decreto ley, un 76% apoya que ser inmigrante clandestino se considere un agravante cuando se comete un delito, con una aumento de la pena en un tercio.
Ayer, el secretario de Estado español de Asuntos Europeos, Diego López Garrido, manifestó en conferencia de prensa la "preocupación" de su gobierno por la decisión del ejecutivo del conservador Silvio Berlusconi, no consultada con los vecinos europeos, de considerar delito la inmigración ilegal.
"No nos parece proporcionado tomar esa medida, debería ser discutida con otros países europeos porque tiene efectos en los otros países" de la Unión Europea (UE), declaró López Garrido.
El secretario español expresó al mismo tiempo el "máximo respeto" del gobierno socialista español "por todas las medidas del gobierno italiano", que en los últimos días fueron criticadas por varios miembros del ejecutivo del socialista José Luis Rodríguez Zapatero.
Por su parte, el ministro italiano de Asuntos Europeos, Andrea Ronchi, defendió las medidas subrayando que Italia debía responder a una "situación de urgencia" en materia de inmigración ilegal y seguridad.
"Los ciudadanos italianos no pueden aceptar más que la inmigración ilegal esté fuera de control. Esta ley no se hace en nombre de la xenofobia y del racismo; es exactamente lo contrario", aseguró. El gobierno italiano espera que las medidas las adopte el Parlamento en julio, añadió Ronchi, que precisó que estas leyes no tendrán efecto retroactivo. Ronchi, del partido ex neofascista Alleanza Nazionale, alegó que "Italia se había convertido en el eslabón débil de la UE en cuestión de inmigración". "Quien venga a Italia debe respetar nuestra cultura, nuestra religión, nuestra forma de ser y sobre todo las reglas de comportamiento cívico", declaró el ministro.
Mientras tanto, los representantes de la Unión Europea dieron ayer su respaldo a un proyecto de norma para la devolución de inmigrantes indocumentados a sus países de origen.
El texto es el fruto de un compromiso entre los estados miembros de la Unión Europea y los eurodiputados. El proyecto de ley, que tendrá que ser validado por los ministros del Interior de los 27 y votado en junio en el Parlamento Europeo, obliga a las autoridades nacionales a elegir entre legalizar o expulsar a las personas que entren en el país de manera clandestina.
Según el texto, el destierro de personas carentes de documentos, llamado "distanciamiento", deberá hacerse de manera voluntaria. Pero si se resiste, podrán ser forzadas a marcharse y automáticamente recibirán una interdicción de entrar en el territorio de la UE durante cinco años. Este texto concierne tanto a adultos como a niños. En caso de expulsión forzosa, las autoridades podrán mantener detenidos a los inmigrantes clandestinos por un máximo de seis meses, pudiendo prolongarse a 18 meses.
