Cuando un régimen dictatorial se ve frente a una gran calamidad natural, su reacción instintiva suele consistir en minimizarla y procurar impedir que el resto del mundo se entere de su magnitud.  Es lo que trató de hacer la dictadura militar de Myanmar, mejor conocido como Birmania.  En los primeros días que siguieron a la devastación provocada por el ciclón Nargis, dijo que hubo sólo un puñado de víctimas mortales, pero pronto tuvo que revisar las cifras ya que quedó claro que superaban los cien mil.  Por lo demás, según las Naciones Unidas, la situación en que se encuentran hasta 2.500.000 sobrevivientes es angustiante, puesto que están al desamparo en un medio ambiente hostil y carecen de agua potable, alimentos y atención médica.  Dicha realidad ha motivado una campaña vigorosa encabezada por los gobiernos europeos que están protestando con virulencia contra la negativa del régimen a permitir que la ayuda internacional llegue a las zonas peor afectadas.  Aunque hay una flota norteamericana, además de unidades europeas y de varios países asiáticos, bien equipadas para ayudar a pocas millas de la costa birmana, la dictadura las ha mantenido a raya, lo que conforme a voceros oficiales franceses y británicos es un crimen de lesa humanidad ya que está en juego la vida de un gran número de personas.  Como resultado, el aislamiento tanto internacional como interno de la brutal dictadura birmana se ha hecho aún más evidente y con toda probabilidad su voluntad de anteponer sus propios intereses a aquellos de sus compatriotas le cueste muy caro. 

Apenas una semana después de que el ciclón Nargis destruyó por completo a centenares de pueblos y algunas ciudades en el sur de Myanmar, un terremoto enorme causó una catástrofe aún más grave en el centro de China, pero la reacción de las autoridades difícilmente pudo haber sido más diferente.  Lejos de intentar ocultar las dimensiones de lo que acababa de ocurrir, como hizo en ocasiones anteriores, el régimen comunista permitió que sus propios medios y los extranjeros difundieran todos los detalles del desastre y de los esfuerzos ingentes por rescatar a los sobrevivientes.  El presidente Hu Jintao visitó en seguida la zona afectada y actuó como lo harían en circunstancias similares muchos dirigentes democráticos que entienden que si bien ellos personalmente no están en condiciones de aportar demasiado les corresponde asegurar a la gente que el gobierno está haciendo todo cuanto sea posible para que las tareas de rescate sean, como dijo Hu, ³enérgicas, ordenadas y eficaces².  Asimismo, para sorpresa de muchos los chinos no vacilaron en aceptar la colaboración de equipos de rescate extranjeros.

No cabe duda de que el cambio de actitud así supuesto ha contribuido a rehabilitar al régimen chino a ojos tanto del resto del mundo como de los chinos mismos. También indica que los líderes comunistas, heridos por las manifestaciones que se celebraron en docenas de ciudades en Europa, América y Oceanía para repudiar la represión en Tíbet de quienes protestaban contra el ³genocidio cultural² que está en marcha, están dispuestos a tomar en cuenta la opinión pública internacional en vez de desdeñarla como hasta hace poco. Aunque la apertura así supuesta es muy positiva, esto no quiere decir que para los líderes chinos lo sean las repercusiones del terremoto devastador que dejó en ruinas una provincia entera.  Como muchos han señalado, mientras que virtualmente todos los edificios públicos, incluyendo a casi 7 mil escuelas, fueron reducidos a escombros por el sismo, la mayoría de los privados experimentó daños llamativamente menores, lo que ha planteado muchos interrogantes acerca de la endémica corrupción gubernamental.  Es de prever, pues, que la evidencia concreta de negligencia revelada por el terremoto lleve al cuestionamiento no sólo de funcionarios determinados sospechosos de corrupción sino también del sistema autoritario que les brindó oportunidades irresistibles para enriquecerse a costa de los demás.  En tal caso, el impacto político y social de la tragedia sería muy grande a pesar de los esfuerzos, por ahora exitosos, del gobierno central de convencer a los habitantes de su inmenso país de que le preocupa el destino de todos, incluyendo a los más pobres y vulnerables.