El modelo de país que intenta profundizar el actual gobierno -con argumentos tan convincentes como "poner de rodillas" al ocasional adversario- tiene, entre otras, consecuencias económicas (aumento real de la pobreza y profundización de la desigualdad social), financieras (disparadas del dólar, creciente disminución de depósitos bancarios e insolvencia internacional con escasos préstamos accesibles a tasas razonables) y tecnológicas. Abordaré aquí el último aspecto, ya que los restantes están siendo crecientemente analizados por especialistas más calificados.

La reactivación de la pequeña industria (la gran industria más bien creció durante la década del despojo menemista; véase mi nota en el "Río Negro" del 15/5/06) producida durante el gobierno de Néstor Kirchner es consecuencia del paraguas proteccionista provisto por el inicialmente alto valor del dólar. Dólar alto para los argentinos equivale a peso barato para los extranjeros, lo que causa el boom turístico y da la posibilidad de competir internacionalmente con algunos productos industriales. Esta competitividad es mayoritariamente (hay gloriosas pero escasas excepciones) consecuencia del bajo precio resultante para las manufacturas, al que contribuye de modo importante la insuficiente recuperación de los salarios (costo laboral de producción bajo = productividad alta).

El mantenimiento, con pequeñas variantes, de la relación peso a dólar, donde el peso se devalúa mucho más rápidamente que aquél (lo que se quiere ocultar manipulando los índices de precios del INDEC), significa que el paraguas proteccionista disminuye continuamente y pronto desaparecerá. Cuando el valor de nuestros productos se iguale con el de los de otros países prevalecerán los de mejores características, es decir, los hechos con mayor calidad y tecnológicamente más innovadores en aspectos deseables para los consumidores.

La calidad de las manufacturas está fuertemente ligada a la buena organización, capacidad en la que los argentinos somos notoriamente deficientes, como se pone públicamente de manifiesto en cualquier asamblea o debate. Como la industria japonesa supo comprender muy bien, la calidad está íntimamente vinculada no sólo con la buena disponibilidad de personal capacitado (del que tenemos déficit), con la satisfacción que éste encuentra en la buena realización de su trabajo (que para la mayoría de los trabajadores argentinos es algo que se hace porque no se tiene más remedio) y con el buen intercambio de ideas con los cuerpos técnicos y directivos de la empresa (analice el de su propio lugar de trabajo). La innovación tecnológica es la parte más costosa del proceso, ya que requiere importantes inversiones en personal y equipamiento, que se podrían proporcionar a través del INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) pero no se ha hecho.

En las condiciones actuales, cuando la inflación haga perder el paraguas proteccionista de la relación de cambio, la mayoría de los productos industriales argentinos (salvo algunos commodities como el petróleo) perderá sus mercados externos y sólo le quedará el interno, como durante los dos primeros gobiernos peronistas. La diferencia crucial es que el crecimiento de esa época de la industria de sustitución de importaciones fue posible porque había un gran mercado de consumidores poco exigentes de buen poder adquisitivo, condiciones ambas hoy inexistentes. Aunque pudiera persistir la actual reactivación industrial, esto no resolvería la escasez de puestos de trabajo. Las industrias que usan mayor cantidad de mano de obra son la textil y la metal-mecánica liviana. Ambas fueron casi totalmente destruidas y no se han recuperado, como puede verificarse investigando el país de origen de la ropa (incluida la de cama) y los electrodomésticos en cualquier supermercado.

Las políticas de Menem, que "exportaron" los puestos de trabajo argentinos a países como Brasil, todavía no han sido revertidas y las "empresas recuperadas", aunque loables intentos, son un claro ejemplo del ingenuo voluntarismo con que se encara el problema.

Es diferente el caso de la producción agropecuaria. Durante la década del despojo menemista se produjo la revolución tecnológica de la soja y, a pesar de la creciente mecanización, la cantidad de puestos de trabajo rurales creció. El aumento de la demanda internacional de commodities (insumos industriales de calidad uniforme y bien caracterizada) produjo la gran alza de sus precios. La duración de este fenómeno inédito es imposible de predecir pero probablemente será corta, ya que está mantenida por el alza de la demanda de países con nivel de vida creciente como China e India, aunque también por la especulación financiera que busca el reaseguro que ya no brinda más el dólar. Cuando China e India actualicen sus tecnologías de producción primaria y agropecuaria y las reservas mundiales dejen de ser mayoritariamente dólares, los precios de los commodities (con excepción del petróleo y los biocombustibles) casi seguramente se desplomarán.

Las grandes deficiencias del agro que el boom de la soja enmascaró se empiezan a poner claramente de manifiesto en la segunda fase del modelo "K", la de la presidenta Kristina Fernández. Cuando las retenciones móviles impidieron la planificación a mediano plazo y redujeron las ganancias del agro, limitándolas a un mínimo "razonable" (en el erróneo supuesto de que todos los productores tienen las mismas eficiencia y circunstancias), se pusieron claramente en evidencia las grandes fallas estructurales del sistema productivo agropecuario. Hay una gran intermediación parásita que se apropia de la mayor parte de las ganancias, ya que los productores venden la soja al precio interno que fijan las retenciones mientras que los exportadores la comercializan al precio internacional y posterior, actualmente en alza. No hay sistemas de almacenamiento colectivo de cosechas accesibles para los pequeños productores, que deben recurrir al ingenioso "silo bolsa", presunto invento argentino. La actualización tecnológica del agro es muy desigual, siendo el del "estado internacional del arte" para los grandes productores de la región pampeana y el artesanal obsoleto para los grupos familiares de productores del interior del país. No hay créditos baratos que permitan la actualización técnica. La invalorable tarea del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) no cuenta con suficiente apoyo presupuestario, de infraestructura y de personal para cubrir todas las necesidades. Aunque la mecanización del agro fuera óptima no podrían llevarse a cabo las tareas porque no hay combustibles suficientes para operar todas las maquinarias.

La etapa de la ganadería extensiva que nos viene de la época colonial, el método más rentable cuando hay grandes extensiones de tierra barata, ha llegado a su fin y el pasaje a la ganadería intensiva de nuestros grandes competidores internacionales requiere inversiones que no se están haciendo y tecnologías bien conocidas pero que no se están poniendo "a punto". El transporte de las mercaderías del interior tiene un costo mucho más alto que el mero valor de los fletes -altos por falta de buenos accesos, sistemas de almacenamiento y de carga-descarga- porque se hace por las vías menos convenientes. Las producciones para los mercados asiáticos, que deberían transportarse mayoritariamente a través de la cordillera hacia los puertos chilenos del Pacífico (lo que acortaría el tiempo de transporte en unos diez días), se hace a través de los puertos del Paraná, Río de la Plata y la costa atlántica por falta de ferrocarriles trasandinos y caminos cordilleranos que no se corten por nevadas. En cambio, se inicia la construcción de un faraónico tren bala para algunos prósperos viajeros del ya hipertrofiado cordón mega-industrial de Buenos Aires-Rosario-Córdoba.

Lo que está en juego hoy es un modelo productivo integrado que, para hacer efectivo el sistema republicano de gobierno, debe debatirse en el Congreso nacional. El primer requisito para que esto sea posible es la eliminación de las inconstitucionales leyes de emergencia económica, cuya única "justificación" actual es la irrestricta libertad de acción que dan al Poder Ejecutivo. El segundo requisito esencial es que las propuestas y sus modos de puesta en práctica se debatan públicamente en el Congreso, no secretamente en oficinas empresarias. Como todos saben, no ha sido así, los grandes debates parlamentarios (los hubo y fueron muchos) son cosa del pasado. Los legisladores oficialistas (la oposición es la única que se da "el lujo" de discutir ideas) son mayoritariamente seleccionados por su obsecuencia, su astucia para hacer "arreglos" favorables al Poder Ejecutivo o su capacidad dialéctica para justificar hechos consumados. En cambio, por falta de su escenario natural, los "debates" se han trasladado a las rutas, protagonizados por -no lo dudo- bienintencionados piqueteros que "ilustran" a mortificados automovilistas y airados camioneros sobre las bondades de las propuestas, agravando las grandes deficiencias del desintegrado sistema nacional de transporte.

CARLOS E. SOLIVÉREZ (*)

Especial para "Río Negro"

(*) Doctor en Física y diplomado en Ciencias Sociales

csoliverez@gmail.com