NEUQUÉN (AN).- Cerca de 200 empleados de los hospitales públicos del área Confluencia marcharon ayer al ministerio de Salud para solicitarle una audiencia a su titular, Daniel Vincent, con quien quieren empezar a discutir un aumento salarial.
No fueron recibidos por las autoridades pero de todos modos dejaron un petitorio donde figura la serie de reclamos que con más fuerza comenzaron a plantear durante la última semana.
La manifestación de los hospitalarios tuvo lugar en medio de un paro de 24 horas, que no afectó la atención del sector quirúrgico ni las emergencias.
ATE quiere una suba a cuenta de lo que se decida en una negociación paritaria para la cual todavía no hay una fecha prevista: plantea una variación de 600 pesos.
No fue beneficiado
Este segmento del Estado no fue beneficiado por el incremento que otorgó la provincia anteayer, de un 28% para quienes forman parte del escalafón general, unos 7.000 trabajadores, que como mínimo recibirán $380 de aumento a partir del mes de agosto.
Además, reclama soluciones de fondo para la crisis de prestaciones que cruza a los hospitales de toda la provincia.
Buscan la optimización de la distribución de medicamentos, y la compra de equipos que garanticen un nivel acorde de atención a pacientes y eviten las continuas derivaciones a clínicas privadas.
Sobre esto, ya el personal se ha extendido largamente. Y acusan a la administración actual de continuar con la decisión de "tercerizar prestaciones", como una forma de favorecer a un puñado de clínicas privadas.
"El paro puede extenderse a los hospitales del interior. Esta vez no se sumaron a la huelga porque creen que habrá una convocatoria del gobierno. Nosotros vemos que si no la hay, habrá un recrudecimiento del malestar", afirmó el delegado de la Junta Interna de ATE en el hospital provincial Eduardo Castro Rendón de Neuquén, Balstasar Álvarez.
El de los hospitales públicos es un conflicto que cruzó a la provincia durante los últimos cuatro años.
Comenzó como una demanda de aumentos salariales, y luego se ramificó hacia una defensa del sistema público y el derecho a la atención de los ciudadanos.
