Jorge Matas, el ex jefe del área Franquicias de la Cancillería preso desde hace una semana por el escándalo de los autos diplomáticos, no tendrá que declarar hoy como acusado de asociación ilícita pues su defensa le reclamó a la Justicia Federal que le impida al fuero Penal Económico seguir imputándolo por su presunta responsabilidad en el caso.
Así lo revelaron ayer fuentes del caso, que precisaron que el juez federal Norberto Oyarbide, quien analiza la causa por asociación ilícita, decidió suspender la indagatoria que iba a tomarle mañana a Matas y remitió a la Cámara Federal un planteo de "doble juzgamiento" contra el ex funcionario.
Oyarbide iba a terminar hoy la ronda de interrogatorios a los sospechosos por esa maniobra con la indagatoria de Matas, imputado de asociación ilícita y de negociaciones incompatibles con la función publica. Pero la defensa de Matas reclamó en las últimas horas al juez que frenara la indagatoria por el "doble juzgamiento" al que estaba siendo sometido su cliente: "Lo están acusando dos veces por los mismos hechos", sostuvo su abogado, Diego Pirota.
Pirota había ensayado la semana pasada el mismo planteo con el juez en lo penal económico Jorge Brugo, pero el magistrado avanzó igual con la indagatoria en base a la resolución de la Sala A de la Cámara del fuero que lo había habilitado para seguir investigando.
Así, Matas fue a declarar el miércoles 14 y tras negar las acusaciones en su contra quedó detenido por el contrabando agravado de los autos diplomáticos.
Después de una revisión médica, el ex funcionario fue enviado a su casa con arresto domiciliario, fruto de los problemas cardíacos que sufre. Ahora, ante la indagatoria que Matas debía enfrentar, la defensa hizo nuevamente el planteo ante Oyarbide y el juez decidió enviarlo a la Cámara Federal para que resuelva el dilema, por entender -dice el escrito- que la petición resulta "atendible y razonable", señalaron las fuentes consultadas.
La defensa de Matas busca que sea la justicia federal la que se quede con la investigación de la causa, que analiza las irregularidades que se detectaron a través de una auditoria en la Cancillería y que reveló que habría habido una red de complicidades entre funcionarios diplomáticos de la Cancillería y gestores para hacer negocios con autos de lujo que gozaban de franquicias especiales.
