VIEDMA (AV)- El costo de la actualización tecnológica en telefonía móvil no deberá estar a cargo de los usuarios, según lo dispuso una resolución de la Dirección de Comercio Interior de Río Negro.

El freno a este tipo de iniciativas comerciales apareció mediante la figura jurídica de "medida cautelar genérica contra Movistar", según revelaron a "Río Negro" fuentes oficiales.

De esta manera, la empresa deberá abstenerse de seguir reclamando y percibiendo montos por ese concepto o reconocimientos por gastos de envíos.

El organismo a cargo de Jorge Malis intervino luego de una presentación realizada por una usuaria en la Asociación Civil de Defensa del Consumidor de General Conesa.

La damnificada denunció que Movistar se limitó a anunciar días atrás que le compensaría un gasto de 83,15 pesos por entrega del nuevo aparato.

En ese momento no se le informó cuál fue el valor del celular, tampoco la calidad y características técnicas y se le impuso una aceptación de débito. Asimismo, se la obligó a abonar 28,01 pesos por flete.

A criterio de Comercio Interior "no se observa en estos casos las prescripciones del artículo 10 de la Ley de Defensa del Consumidor número 24.240 en cuanto a las exigencias del contenido del documento de venta de cosas muebles".

La interpretación oficial da cuenta que "se está ante un cambio en las condiciones contractuales y de servicio en función de una sustitución de tecnología promovida por la empresa".

"Flagrante violación"

Agrega que se trata de una "flagrante violación a los derechos de información al consumidor" dado que "ni los propios consumidores afectados tienen conocimiento cierto de qué se trata".

El artículo 4 de la Ley 24.240 contempla que el proveedor debe informar en forma "cierta, clara y detallada" todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee; y las condiciones de su comercialización.

De acuerdo a la interpretación de Comercio, la cláusula "no se verificó en esta situación".

La resolución oficial impidió el cobro hasta una nueva audiencia de conciliación de las partes convocada para el 3 de junio. Un trámite anterior de las mismas características había derivado en un fracaso para las aspiraciones de la usuaria.

A partir de junio, las modificaciones en el uso implican el paso de tecnología analógica a digital, por lo que la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) sólo reglamenta los cambios desde el punto de vista técnico. La Asociación de Defensa del Consumidor de Viedma ya había advertido la falta de controles en los contratos masivos.

En el país, se produjeron numerosas consultas ante entidades similares frente a la inquietud de aplicar eventuales recargos y con el riesgo de perder la línea si no pagaban la sustitución. Se trata de un millón y medio de usuarios que podrían quedar en el camino despertando la preocupación frente a inesperados sobrecostos.