Las falencias de una administración suelen evidenciarse a partir de expresiones destempladas de los perjudicados.

Se manifiestan como erupciones de un fuego subterráneo y silencioso.

Las personas gestionan, reclaman, trabajan, se inscriben, acuden, tramitan... individualmente. Si la administración las atiende y les responde, es habitual que no abandonen nunca esa condición individual. Se plantea así una primera instancia de relación bilateral, acotada entre un gobierno y un ciudadano de a pie.

La falta de respuestas, la desatención, la demora, la burocracia excesiva, la carencia de recursos en el lugar y el tiempo indicados... tales factores generan habitualmente que los afectados se vinculen entre sí, compartan experiencias, se quejen juntos y, finalmente, actúen en forma unificada y organizada. Ése es el momento en que -lo que ha sido un proceso más o menos prolongado y bastante silencioso- sale a la luz, toma visibilidad pública: se convierte en noticia.

Por eso, ante cada hecho puntual conviene desandar los procesos hasta su origen. Ver qué se hizo, qué se debió haber hecho, quién puso el germen del problema y quién lo abonó y lo regó con sus acciones o su pasmosa pasividad.

No profundizar en este análisis implica el riesgo de obtener una fotografía inexacta, una realidad fragmentaria y caótica.

Así, en cambio, pueden establecerse las ligazones profundas entre sucesos que emergen sin vinculación aparente.

En los últimos tiempos, la provincia de Río Negro se ha ido conmoviendo sucesivamente por estallidos de malestar en áreas sensibles: el prolongado corte de servicios de las clínicas a afiliados de la obra social estatal Ipross, tomas de terrenos o de viviendas en varias ciudades, una protesta de médicos y de enfermeros en hospitales públicos, paros docentes reemplazados luego por movilizaciones y "escraches". Todo eso, sumado al incesante fluir de reclamos individuales sobre reintegros, provisión de prótesis o medicamentos especiales, quejas por escuelas rotas o sin personal o recursos suficientes y por desatención a menores desamparados...

En el Ipross, el período de conflicto salió un tiempo de la "agenda pública". Pero no ha quedado superado. Lo único que se hizo fue aumentar los aportes y sumar dos integrantes más al Consejo de Administración, elementos insuficientes para garantizar que una nueva crisis no vuelva a producirse en un horizonte cercano. No se avanzó en la reestructuración deseada, ni en la informatización ni en la adecuación de procedimientos.

Para mayor decepción, la incorporación de más dirigentes gremiales a la conducción de la obra social no significó ampliar los puntos de vista sino sólo incrementar la discriminación y el "ninguneo" que se practica desde siempre hacia los sindicatos no oficialistas.

En un marco jurídico de libertad sindical, el gobierno de Miguel Saiz no sólo respalda a nivel nacional una ges

tión que sigue negando personería gremial a la CTA sino que repite en la provincia esquemas maniqueos respecto de ATE y Unter.

De algún modo, ese mismo marco subyace en el prolongado conflicto que se vive en los hospitales, donde ATE tiene una representación considerable y en los cuales UPCN suele actuar como factor de defensa de las políticas gubernamentales.

Pero el malestar allí excede lo salarial. Y va más allá, incluso, de las representaciones gremiales: los profesionales, técnicos y enfermeros se sienten en gran medida agobiados, engranajes de un sistema que no hace nada por optimizar los recursos con los que cuenta.

"No hay incentivos, no hay políticas... sólo interesa que parezca que funciona", señaló hace unos días un profesional hospitalario resuelto a plantarse frente a lo que consideran un "abandono" por parte del gobierno de Saiz.

En los hospitales saben que no pueden esperar que sus usuarios respalden o presionen por sus planteos, porque en general tienen sus propios y urgentes problemas. Y no comprenden por qué son uno de los pocos sectores del Estado que no cobran zona desfavorable ni antigüedad. Si sus sueldos se comparan con los de la Justicia, pasan papelón, aunque la formación académica y profesional de un médico no tenga nada que envidiarle a la de un abogado. Al contrario, la formación de un profesional de la salud es la más costosa en años y en equipos para cualquier universidad.

En cuanto a la situación con tierras y viviendas, una característica de este gobierno es la inacción. Acompañada por la indiferencia. Así, a nadie puede asombrar que las quejas y reclamos públicos se multipliquen.

La gestión de Vicente Pili al frente del IPPV ha sido de las más pobres en materia de realizaciones. Y no ha mostrado capacidad de reacción ante los conflictos ni una adecuada política de comunicación.

Las tomas de terrenos complican a intendentes de toda la provincia. Pero los jefes comunales son conscientes de que -aun ilegales- las ocupaciones son el resultado lógico de una necesidad habitacional que el Estado no hace nada por satisfacer.

Desde la crisis del "Estado de bienestar" las gestiones gubernamentales han oscilado entre períodos de no intervención en la "cuestión social" y otros en que se ha intentado paliar aunque sea en parte las necesidades básicas de amplios sectores sociales. Pero siguen siendo ciertas ongs las que demuestran mayor creatividad para desarrollar ideas y obtener recursos a fin de generar alternativas que respeten la dignidad de quienes están en la pobreza.

Nadie vive en una casilla de cantoneras por placer. No si puede evitarlo. Nadie pide al Estado que regale o prodigue, pero sí que busque métodos que permitan la accesibilidad con dignidad.

Ante la necesidad, la especulación con planes asistenciales o con la entrega de viviendas sociales es un insulto que roza lo inhumano.

A este tipo de broncas pareció responder la ocupación de viviendas virtualmente terminadas en Bariloche, cuya asignación por parte del IPPV no fue manejada en forma eficiente.

Si la motivación resulta inexplicable en cualquier caso, cuesta más aún por ser Bariloche la ciudad más grande de la provincia, con una notoria desigualdad social, y que vive hoy el único escenario electoral previsto para el año.

Allí se elige un intendente, pero tanto la oposición como el oficialismo dirimen el esquema general de fuerzas con vistas al 2011. Y el oficialismo provincial no ha escatimado esfuerzos.

No obstante, Pili se negó a ir a Bariloche y no logró destrabar el tema, como tampoco pudo evitar una toma anunciada.

En Viedma, cerca de su despacho también brotan las tomas y conflictos, como lo hicieron las impugnaciones en el último plan adjudicado.

En síntesis, Nación retacea los fondos del Plan Federal. Y Río Negro no ha sabido o no ha podido plantear alternativas propias.

Mientas, en la sociedad crecen los grupos y sube la tensión de los reclamos.

ALICIA MILLER

amiller@rionegro.com.ar